El ex magistrado anticorrupción Baruch Delgado Carbajal planteó la necesidad de contar con una Ley de Ética Pública en el Estado de México para hacer más honesto y eficiente el servicio público y que los Órganos Internos de Control (OIC) sean designados por el Poder Legislativo mexiquense para que cuenten con autonomía.

Explicó que siempre se estableció que los principios éticos no eran sancionables, pues los sancionaba la conciencia, y la sociedad los reprobaba moralmente, pero la Ley de Responsabilidades Administrativas ha cambiado la visión; por lo cual, planteó, debería castigarse la falta de un compromiso ético y de principios éticos.

Al presentar el libro "La Responsabilidad Administrativa. Aspectos sustantivos y Procesales" ante el Comité de Participación Ciudadana (CPC) señaló que una instancia en cada ente público debe tomar las riendas de la ética pública como una tarea permanente, con objetivos específicos.

El presidente del CPC, Marco Antonio González Castillo advirtió la necesidad de contar con la Ley de Ética Pública, pues se expidieron códigos, pero no hay una norma en la materia. El integrante del CPC Guadalupe invitó al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia a participar en este tema.

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Delgado refirió que el nacimiento del Sistema Anticorrupción fue uno de los acontecimientos constitucionales más importantes.

Y desde las reformas por el nuevo sistema penal ya había cifras preocupantes que no han variado mucho, pues organizaciones señalaban la gran impunidad, donde de cada cien delitos se denunciaba un diez por ciento, y de ese porcentaje se judicializaba apenas un 30 o 50% y apenas dos o tres asuntos lograban una sentencia condenatoria.

Con esas cifras, dijo, se reflejaba un 97% de impunidad y en materia de corrupción los números son muy semejantes.

Autoridades y sociedad civil, dijo, deben buscar los mejores esquemas y mecanismos para abatir esos números, a fin de que no haya impunidad, pues es un círculo vicioso y si llega el 10% a la denuncia que se haga una eficaz investigación, substanciación y se cumpla con las garantías del debido proceso.

La ética pública, apuntó Baruch Delgado, es importante en el quehacer de la o el servidor público para recordar el compromiso que tienen de actuar orientados en valores y debería haber una ley en la materia.

Señaló que los operadores del régimen de responsabilidades administrativas deben tener elementos para llevar a los tribunales asuntos y que la o el servidor público pueda comparecer ante un tribunal imparcial.

El ex titular del Poder Judicial mexiquense señaló que el área más débil del régimen de responsabilidades es el de la investigación y una fortaleza es proteger la identidad de los denunciantes.

Planteó revisar la legislación y advirtió que las responsabilidades administrativas se deben acreditar plenamente, con elementos en todas las materias, pues más vale un culpable en la calle que un inocente en prisión.

OIC's

Los órganos internos de control, preciso, tienen la obligación de realizar un diagnóstico para conocer focos amarillos o rojos de posibles actos de corrupción y debe haber guías orientativas para la toma de decisiones de quien dirija un ente para prevenir actos de corrupción.

Cumplir con el derecho humano a una buena administración pública permitirá, añadió, es tener una eficiente administración pública.

Advirtió la necesidad de fortalecer la autonomía de los órganos internos de control, pues si no la tienen poco se podrá avanzar. El hecho de que sean designados por la Legislatura es un avance y deben acreditar en los hechos la eficacia de esa figura.

Enfatizó la necesidad de avanzar para que los titulares de los OIC municipales también sean designados por el Poder Legislativo, pues si siguen dependiendo de los municipios difícilmente perseguirán irregularidades al seno del ayuntamiento.

Esa propuesta ha sido planteada desde hace años por el ex contralor del Poder Legislativo y actual titular del Órgano Interno de Control de la Universidad autónoma del Estado de México (UAEMéx), Victorino Barrios Dávalos y la necesidad de impulsar la ética pública.

El régimen de responsabilidades administrativas, precisó Baruch Delgado, es una materia pendiente, pero en el sistema penal también se deben tomar cartas en el asunto para abatir la impunidad y la corrupción.

Guadalupe Luna advirtió la necesidad de crear esa Ley de Ética Pública y propuso que puede ser una propuesta de la sociedad civil donde el propio ex magistrado colabore para plantearlo a la Legislatura mexiquense.

Destacó objetivos del CPC como la difusión de mecanismo de operación de denuncias y quejas, promover la participación, prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, porque solo un 10% se denuncia, entre otras.