Toluca, México.- No basta con atender más de seis mil quejas y emitir más de 30 recomendaciones, lo importante es hacer que la sociedad tenga una especie de apropiación de los derechos humanos, que se sienta más cobijada, protegida y que la Comisión sea aún más sensible a los problemas que le aquejan en torno a sus derechos, aseguró Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Explicó que del 1º de enero al 17 de octubre se recibieron seis mil 936 quejas, de las cuales se concluyeron seis mil 497, pero siguen activas dos mil 583, incluyendo las dos mil 144 quejas en trámite al cierre de 2016.

Indicó que de este universo, mil 635 quejas se han presentado en contra de ayuntamientos; mil 482 contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; mil 398 contra el sector educativo y de estas 931 corresponden a la Secretaría de Educación y 467 a los servicios educativos del Estado de México.

La Dirección de Prevención y Reinserción Social se ubica como la sexta dependencia con mayor número de quejas al contabilizar 70 de ellas, el Sector Salud acumula 431 en total, de las cuales el ISSEMyM, por sí solo, registra 146 quejas; la Secretaría de Salud tiene 137, el Instituto de Salud del Estado de México cuenta con 104 y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia acumula 44 quejas.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha sido objeto de la presentación de 376 quejas en su contra y la Secretaría de Seguridad tiene en su contra 235 quejas, apuntó el ombudsman mexiquense.

Respecto a los hechos violatorios de mayor frecuencia, expuso el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el derecho a la educación, el derecho a la integridad y seguridad personal, el que tienen las personas privadas de su libertad, así como el derecho a la debida diligencia, el de la fundamentación y motivación.

También están entre los más vulnerados, de acuerdo con el presidente de la Codhem, el derecho a una educación libre de violencia, el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública y el derecho al respeto de la situación jurídica.

Jorge Olvera García consideró que es debido a la naturaleza de las actividades que desempeñan que las personas que acuden a solicitar sus servicios se sienten vulneradas en sus derechos, cuando por ejemplo, acuden al sector salud, es por la atención no adecuada a los usuarios y es algo generalizado no sólo en una especialidad.