En los últimos meses se han abierto casos en la entidad que pusieron al descubierto la fabricación de delitos y con lo cual ya están en libertad personas que llevaban más de 16 años en prisión de manera injusta, como fue el caso Tlanixco, muestra de ello es que ni las mismas autoridades federales se atreven a proporcionar una cifra precisa sobre los presos políticos del país, y en particular del Estado de México.
Hasta ahora son 31 presos políticos los que han sido liberados en el país; se tienen 538 solicitudes, en las cuales se encuentran involucrados: funcionarios, legisladores, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos.
En el caso de la entidad mexiquense, Neftalí Granados, representante de la Secretaría de Gobernación, aseguró que no existe una cifra precisa sobre ello, ya que se trata de datos que se encuentran en proceso de evaluación, pero que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría dar a conocer en los próximos días.
Caso Salazar
El pasado 23 de mayo la justicia por fin llegó para seis comuneros de Salazar, quienes fueron acusados por el delito de robo con violencia de un celular y privación ilegal de la libertad por defender sus tierras de personas “con alto poderío económico”, los cuales se encontraban detenidos desde agosto del 2017.
Lo anterior, luego de que una juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca con sede en este municipio, declarará falló absolutorio a su favor, los comuneros Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko y Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores, así como Cutberto Vilchis García, pudieron salir en libertad.
Neftalí Granados recordó que los hechos se dieron un año antes del operativo en que fueron arrestadas las seis personas antes referidas por lo que pidió tomar en consideración que hubo un litigio, en donde había interés por parte de un grupo de empresarios inmobiliarios para adquirir los predios, argumentando que los compraron a personas de Santa María Atarasquillo.
Actualmente, se encuentra vigente el juicio entre Santa María Atarasquillo y la comunidad de Salazar por dichas tierras, ya que estos procedimientos no son fáciles, debido a que se trata de tierras comunales.
Tlanixco, otra historia de injusticia
Otro caso de injusticia fue contra tres indígenas de la comunidad de Tlanixco, Tenango del Valle, quienes defendieron su agua y fueron acusados injustamente del asesinato del empresario Alejandro Isaak Basso.
Luego de abrir este asunto, fue en febrero cuando Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, obtuvieron su libertad luego de pasar 11 años y medio en prisión acusados de dicho homicidio.
Mientras que el 5 de abril fueron liberados otros de sus compañeros: Teófilo Pérez González, Rómulo Arías Mireles y Pedro Sánchez Berriozábal, quienes fueron acusados por el mismo ilícito.
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Lucha por fraudes inmobiliarios
Un asunto que se encuentra pendiente es el relativo a José Humbertus Pérez Espinoza, a quien el Comité Cerezo considera preso de conciencia debido a su lucha contra los fraudes inmobiliarios en el Estado de México.
Pérez Espinoza ha venido señalando que varios funcionarios y exservidores públicos federales, estatales y municipales actuaron en colusión con empresarios de la construcción y cometieron delitos de peculado, fraude genérico y específico, ya que entre 1999 y 2011 se concedieron unos 10 millones de créditos hipotecarios sobrevaluados hasta en 40%, otorgados sin que las constructoras cumplieran los requerimientos normativos estatales para la construcción de vivienda en asentamientos urbanos.
Por ello, sería uno de los casos a los que el Gobierno Federal también prestaría especial atención en los próximos días.
Algunas características para que se consideren presos políticos:
-Fabricación de pruebas
-Se difieren audiencias por tiempos extraordinarios
-Sentencias que son de carácter ejemplar (por varios años)
-Procesos fuertes de despojo de tierras
-Criminalización de las luchas sociales
