El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, afirmó que los diputados locales no tienen presión para aprobar los dos nuevos penales que se pretenden construir, a través del esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), pues el tema requiere un análisis de fondo.
Ante las declaraciones del gobernador Alfredo del Mazo en la conferencia con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador del lunes en Valle de Bravo, en torno a los dos nuevos penales que se construirán en Ixtlahuaca y Otumba, para contrarrestar el tema de la sobrepoblación, el coordinador de Morena advirtió que el tema no se ha analizado al interior de las comisiones.
“Es un asunto que ni siquiera se ha ventilado en comisiones. Que bueno que el presidente, a partir de la información que seguramente le han proporcionado, coincida en la necesidad de tener que atacar este tema.
“El asunto es cómo se va financiar el asunto. La necesidad existe y hay que atenderla. No hay presión, nos estamos dando el tiempo necesario para estudiarlo”.
Los proyectos para construir dos penales en Otumba e Ixtlahuaca y la rehabilitación de carreteras en la zona sur del estado de México, a través del esquema de APP, con la iniciativa privada tendrían una inversión inicial de cerca de 14 mil millones de pesos, con una tasa de retorno de entre el 13 y 14% y pagos al capital anuales de cerca de 900 millones de pesos.
Cada uno de los centros penitenciarios costaría 15 mil 11 millones de pesos más IVA a 25 años y mientras los dos primeros años serían para el periodo de inversión, el resto para operación y mantenimiento. Los recursos serían con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, para llevarse a cabo, deben ser aprobados por la Legislatura mexiquense.
Auditor superior
También anunció que en este periodo que concluye el 15 de agosto saldrá el tema del auditor superior, Fernando Baz a quien le han iniciado un proceso de remoción y harán algunas investigaciones que incluye la de su evolución patrimonial.
Sostuvo que la solicitud a la Contraloría del Poder Legislativo para que investigue el patrimonio del auditor es parte de un procedimiento ordinario que se debe seguir para fundarlo y motivarlo, pero no presumen un enriquecimiento ilícito.
La garantía de audiencia que se le otorgaría, de acuerdo con la ley, tiene que ver con que él debe demostrar que no incurrió en omisión en sus tareas de fiscalización.
Explicó que el procedimiento administrativo es aparte, pero el tema del auditor se resolverá en este periodo y revisarán todo lo que tiene que ver con posibles inconsistencias, pues tienen la obligación de darle seguimiento y podrían llegar a investigar posibles vínculos con despachos.
“De eso se trata, el procedimiento nos tendrá que remitir dónde se tienen que hacer investigaciones muy amplias”.
Recordó que la comisión ha solicitado tomar medidas cautelares, es decir, separarlo del cargo de manera provisional.