/ domingo 23 de diciembre de 2018

No podrían circular autos con placas viejas; buscan nuevo programa de reemplacamiento

Serán vigentes placas expedidas después de 2013; van por regularizar transporte público

Toluca, México.- El Gobierno mexiquense busca endurecer algunas medidas, a fin de obligar a los automovilistas a actualizar las placas de sus vehículos y prevé un nuevo programa de reemplacamiento gradual.

La propuesta de reformas a los códigos Financiero y Administrativo incluyen que las autoridades retirarán las placas expedidas en 2013 y anteriores y no permitirán la circulación del vehículo, excepto para ir a resguardarlo.

La iniciativa plantea considerar vigentes las matrículas expedidas en 2014, pero con la obligación de renovarlas en el año 2020, mientras las expedidas en 2015 y posteriores deberán cambiarse al vencimiento de los cinco años.

La propuesta también busca hacer obligatoria la licencia estatal para prestar servicios de transporte privado, contratado a través de plataforma electrónica para empresas como Uber y establecer como una infracción el incumplimiento.

Asimismo propone disminuir los costos que se generan por la cesión de derechos o cambio de titular de la concesión en el transporte público, en busca de realizar más trámites y captar más recursos.

Su estimación es que en 2019 los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros harían unos 41 mil trámites y las autoridades captarían al menos 125 millones de pesos por la regularización de los títulos de concesión.

Toluca, México.- El Gobierno mexiquense busca endurecer algunas medidas, a fin de obligar a los automovilistas a actualizar las placas de sus vehículos y prevé un nuevo programa de reemplacamiento gradual.

La propuesta de reformas a los códigos Financiero y Administrativo incluyen que las autoridades retirarán las placas expedidas en 2013 y anteriores y no permitirán la circulación del vehículo, excepto para ir a resguardarlo.

La iniciativa plantea considerar vigentes las matrículas expedidas en 2014, pero con la obligación de renovarlas en el año 2020, mientras las expedidas en 2015 y posteriores deberán cambiarse al vencimiento de los cinco años.

La propuesta también busca hacer obligatoria la licencia estatal para prestar servicios de transporte privado, contratado a través de plataforma electrónica para empresas como Uber y establecer como una infracción el incumplimiento.

Asimismo propone disminuir los costos que se generan por la cesión de derechos o cambio de titular de la concesión en el transporte público, en busca de realizar más trámites y captar más recursos.

Su estimación es que en 2019 los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros harían unos 41 mil trámites y las autoridades captarían al menos 125 millones de pesos por la regularización de los títulos de concesión.

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