Toluca, México.- Con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios aprobada y publicada en 2016 se generaron expectativas en torno a que todas las autoridades, organismos e instituciones que reciban recursos públicos rendirían cuentas de cada peso que reciban.
Con esa norma los partidos políticos y los sindicatos publicarían todos sus gastos, responderían a las solicitudes de información y nadie podría negar información relacionada con salarios, apoyos, gastos de representación, viáticos, contrataciones de personal por honorarios; sin embargo, a través de revisiones recientes se ha comprobado que los ni los municipios, ni las fuerzas políticas han cumplido al cien por ciento.
La nueva ley es exigente con los sujetos obligados, pues los plazos de la información clasificada bajaron -de nueve a cinco años, todos los responsables de las unidades de información deben estar capacitados y certificados; los casos de violaciones de derechos no se pueden clasificar y cuando no exista la información, las autoridades deben generarla.
Otra novedad fue la denuncia ciudadana, pues cualquier persona puede denunciar ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoem) incumplimientos de los sujetos obligados, en forma escrita o electrónica; sin embargo el último reporte del órgano garante fue que aún no había recibido denuncias.
Además, ahora pueden darse a conocer versiones públicas de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen; se deben publicar las convocatorias o concursos para ocupar cargos públicos y la norma establece medidas de apremio o multas a los sujetos obligados que incumplan.
No obstante, de acuerdo con la revisión de este medio, solo dos dirigentes publican sus salarios en el rubro de percepciones: el del PAN y el de Encuentro Social, donde les exige llenar espacios de apoyos y otros recursos que se les entreguen; mientras el del PRI y el de MC lo hacen en el apartado del tabulador, donde no tienen que desglosar más que su salario bruto y neto. Ninguno publica versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales.
Una práctica común es señalar que no les aplican las disposiciones, como en el tema de las declaraciones, señalar cantidades generales, como en el tema del financiamiento, no subir información, no actualizarla, entre otras.
Cuando la ley se aprobó, diputadas y diputados de las diferentes bancadas aseguraron que cada peso debería ser transparentado y que todos estaban obligados a rendir cuentas, pero dos años después, la meta no se ha cumplido.
Pendiente Consejo consultivo del Infoem y nuevo comisionado
Un tema que tiene pendiente la Legislatura local es cumplir el artículo octavo transitorio de la Ley de Transparencia estatal para integrar un consejo consultivo, el cual debe integrarse por cinco consejeros honoríficos, quienes durarán en su encargo no más de siete años y deberán ser ciudadanos expertos en la materia y elegidos en sesión del congreso por el voto de las dos terceras partes de Legislatura del Estado.
Sin embargo, a casi dos años de que se creó la ley, la Cámara de Diputados no ha emitido la convocatoria respectiva.
Además, desde mediados del mes de enero la ex comisionada presidenta del Infoem, Josefina Román Vergara renunció a ese órgano para rendir protesta como secretaria técnica del Sistema Anticorrupción mexiquense. La renuncia fue notificada a la Legislatura, la cual desde hace casi dos meses tiene pendiente emitir una convocatoria y establecer la ruta para nombrar al o a la nueva comisionada.
Los últimos presidentes de ese órgano han dejado al instituto para ir a otros cargos: Luis Alberto Domínguez en 2010 dejó su espacio para ser notario en la entidad; Eugenio Monterrey terminó su encargo y llegó como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia INAI; mientras Josefina Román, poco después de concluir su labor como presidenta del Infoem concursó y logró ser la secretaria técnica del Sistema Anticorrupción.
