El Centro ABA para los Derechos Humanos concluyó que el juicio en Ecatepec de la activista Kenia Hernández Montalván, actualmente presa en el penal de alta seguridad de Morelos, registró violaciones a sus derechos y la sentencia debería ser anulada.
A través de un informe de observación de juicio que este día hizo público, American Bar Association determinó que ese proceso por supuesto robo agravado tiene una calificación de D, pues estuvo plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de Kenia Hernández.
Entre otras cosas se señala que fue sometida a una detención injustificada, a un enjuiciamiento y a una condena basada en pruebas viciadas, donde se le negó su derecho a estar presente en el juicio, a participar de manera efectiva en el proceso y a tener comunicación confidencial con un abogado.
El juicio por robo agravado, precisa el informe, parece haber sido un medio de represalia por el activismo de derechos humanos de Kenia Hernández, quien en marzo de este año fue condenada y sentenciada a once años y tres meses de prisión por un juez del Poder Judicial mexiquense.
El informe también señala que en junio del 2020 Kenia Hernández fue detenida por robo agravado por la denuncia de dos personas, quienes señalaron que fueron abordadas por la activista y una persona de sexo masculino, quien les apuntó con una pistola, les robó una billetera y un teléfono celular.
Ella fue liberada bajo fianza días después, pero en octubre de ese año fue arrestada y detenida por robo agravado en un caso distinto, con base en acusaciones de que supuestamente instruyó a dos personas a robar una cabina de peaje, durante una manifestación.
El día que Hernández sería liberada bajo fianza por ese segundo caso, fue arrestada y detenida nuevamente por ataques a la vía pública, derivado de que habría realizado una protesta cerca de una caseta en Guerrero, a principios del 2020, y habría obstruído el paso de automóviles. Hernández fue trasladada a un penal de máxima seguridad en Morelos y en los siguientes meses le abrieron otras seis causas penales por presuntos atentados a la vía pública.
El documento también señala que el juicio de Hernández por robo agravado en Ecatepec inició en febrero del 2021 y se le recluyó en un penal de alta seguridad por el supuesto riesgo significativo que representaba, de que intentaran liberarla, con lo cual no se le permitió asistir al juicio.
Su participación fue por videoconferencia y en marzo de este año la sentenciaron a once años y tres meses de prisión, mientras otros casos en su contra siguen su curso.
La organización señala que Hernández fue objeto de abusos, incluyendo la violación a su derecho de estar físicamente presente en el juicio y consideró que ninguna de las razones dadas por las autoridades constituyen una excepción que justifique privarla de su derecho de asistir al juicio.
Además, las audiencias fueron aplazadas en varias ocasiones por fallas en la conexión, en un retraso indebido al proceso.
Ella tampoco pudo comunicarse de manera confidencial con su equipo de defensa, pues el CEFERESO no permitió el ingreso de un abogado, argumentando preocupaciones por el Covid-19 y el caso quedó irreparablemente afectado.
Asimismo, considera que faltaron pruebas para respaldar la condena por robo agravado, pues el caso se basa, casi por completo, en el testimonio de testigos de las presuntas víctimas, quienes identificaron a Hernández después de buscar información en línea sobre el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
Incluso, señala que un experto que analizó los datos de geolocalización del celular de la activista testificó que al parecer Kenia estaba en otro estado, a unas ocho horas de distancia en automóvil al momento del presunto delito.
La organización también consideró que las autoridades no cumplieron con la garantía de no discriminación y el juez se basó en estereotipos de género, no incorporó la perspectiva de género y obstaculizó los esfuerzos de obtener la asistencia de un intérprete en su idioma nativo, pese a ser su derecho; por lo cual la condena no posee las garantías de justicia necesarias y debería ser revocada.
El tema de Kenia Hernández ha sido tocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se ha mostrado preocupada por la criminalización de personas defensoras, mientras organizaciones defensoras han pedido su libertad y han señalado que ha sido criminalizada y su detención fue arbitraria, además de ser víctima de discriminación por su género y su pertenencia a un pueblo indígena amuzgo.
