El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) hizo observaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el ejercicio 2020 por tres mil 137 millones de pesos, principalmente porque los recursos seguían siendo manejados por la Secretaría de Finanzas, pese a ser un órgano autónomo.
Además, habría sido ineficiente en el cumplimiento de varias metas, entre ellas, en la localización de personas desaparecidas, en el número de carpetas de investigación; no demostró que investigaban con perspectiva de género, hubo falta de transparencia en el uso de los recursos, inconsistencias en la información y la fiscalía no permitió revisar todos los datos solicitados.
Ese órgano recibió 20 observaciones de desempeño y 31 recomendaciones, pues el Órgano Superior consideró que fue ineficiente en temas de control interno, cumplimiento de metas y objetivos, monitoreo y supervisión, transparencia y rendición de cuentas, diseño programático y actualización de la normatividad.
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El OSFEM auditó, en materia de desempeño, ocho áreas: la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, la Unidad de Análisis y Contexto de esa fiscalía, la Coordinación General de Investigación y Análisis, la Coordinación General de la Policía de Investigación, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, las mesas de trámite y la Agencia Central con Detenido de la Fiscalía General Regional Toluca.
También hizo una auditoría financiera y la revisión normal a la cuenta pública, donde encontró incumplimientos a varias normas, entre ellas, a la de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Financieras
En la auditoría financiera observó tres mil 137 millones de pesos, principalmente por incumplimientos financieros en la transferencia de recursos estatales, falta de justificación y comprobación del gasto, anticipos de pagos incorrectos y omisión de procedimientos adquisitivos.
Más del 98% de las observaciones derivaron de delegar el ejercicio de las remuneraciones de su personal a la administración pública del Gobierno del Estado de México, pues pese a ser un órgano autónomo, ese rubro es manejado por la Secretaría de Finanzas.
El monto observado fue por 3 mil 48 millones y otros 44.6 millones por no presentar evidencias de las acciones para prevenir y combatir la delincuencia con perspectiva de género.
De acuerdo con el OSFEM, aún cuando se le aprobó un presupuesto de cuatro mil 627 millones en 2020, ejerció cinco mil 479 millones, de los cuales tres mil 832 fueron a servicios personales, 815.9 millones a deuda pública, 385 millones a servicios generales.
Desempeño
En el tema de desempeño, la FGJEM habría sido ineficiente en la actualización de su marco jurídico pues aún contemplaba atribuciones y funciones de la Procuraduría General de Justicia; también tendría deficiencias en indicadores para el cumplimiento de resultados, pues no contaba con mecanismos de seguimiento para ocho de sus metas sustantivas.
Eso generó que no pudieran describir los resultados relevantes en temas como atención a denuncias por internet, Alertas Amber, órdenes de protección a víctimas, diagnósticos locales sobre patrones de violencia de género contra mujeres y niñas, informes de recomendaciones para fortalecer las investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, entre otros.
También habría sido ineficaz en localizar a personas desaparecidas, pues de 5 mil 644 registradas como desaparecidas ese año solo localizó a 2 mil 388 es decir al 42.3%, por lo cual le recomendó implementar mecanismos de control para asegurar la eficacia y cumplir objetivos y metas. Además, el OSFEM identificó inconsistencias y deficiencias en el manejo y control de la información.
Otro rubro donde presumió ineficacia fue en las alertas Amber, pues se desactivaron 83 boletines, pero 20 fueron ejecutadas en el 2021 y hubo inconsistencias en el reporte de las cifras presentadas.
El OSFEM también consideró que pudo haber ineficiencia en acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con violencia de género pues la información proporcionada no correspondió a las acciones de difusión. Encontró inconsistencias entre los datos proporcionados sobre órdenes de protección en la Cuenta Pública y los ofrecidos en el primer requerimiento.
Además, aún cuando había planeado presentar a 7 mil 434 presuntos responsables de delitos, solo lo hizo con 5 mil 44, por lo cual no cumplió su meta y no proporcionó los registros sobre investigaciones para prevenir y combatir la delincuencia, al señalar que eran estrictamente reservados; por lo cual no acreditó lo reportado en la cuenta.
Otro rubro donde habría sido ineficaz fue en la investigación para prevenir y combatir la delincuencia con perspectiva de género, pues no presentó evidencias sobre características y patrones de violencia de género contra mujeres y niñas.
También habría mostrado ineficacia en la investigación para prevenir y combatir la delincuencia con perspectiva de género y en presentar evidencia de los informes de recomendaciones para fortalecer las investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición en niñas y mujeres.
La fiscalía tampoco habría sido eficaz en la integración de denuncias, pues no integró la información generada por las tareas ejecutoras, ni acreditó lo reportado en la Cuenta pública. No presentó evidencia documental del proceso en el cual se encuentran los folios, hubo inconsistencias en la información sobre denuncias penales y tuvo un cumplimiento crítico de apenas el 13.4% en la ejecución de la meta de carpetas de investigación iniciadas.
El órgano también exhibió que no hubo evidencia documental, ni electrónica suficiente, ni confiable pues no les permitieron verificar los expedientes investigación, ni la validación de folios de las metas en su Sistema de Información y Gestión Institucional (SIGI), ni tampoco su operación; y una de las recomendaciones constantes fue establecer mecanismos que propicien mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas en sus programas presupuestarios y transparentar el ejercicio del gasto.
Informe de resultados
En el informe de resultados de la Cuenta pública el órgano exhibió deficiencias, e incongruencias en el cumplimiento de las metas por parte de la Fiscalía General de Justicia e incumplimiento a algunos ordenamientos.
La FGJEM superó el límite del dos por ciento, establecido en la ley para el crecimiento del gasto de servicios personales, pues entre 2019 y 2020 éste incrementó en 4.8%, por lo cual incumplió la Ley de Disciplina Fiscal.
Ese órgano tampoco cumplió con publicar todos los apartados que exige la Ley General de contabilidad gubernamental, y en materia de transparencia de remuneraciones el salario más alto fue el del fiscal General de Justicia Alejandro Gómez Sánchez con 138 mil 419 pesos brutos mensuales, pero al menos un sueldo no fue publicado en su portal de transparencia: el del director general de esa institución, por lo cual incumplió la Ley de Transparencia.