El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo alertó que el virus de Covid-19 no solo impactó en la economía; sino también en la forma de interacción a nivel global y en temas de violencia digital significó un aumento en los delitos de pornografía infantil y de trata de personas.
Sostuvo que los grupos delictivos fueron migrando de la operación física a la cibernética, y eso también implicó desde fraudes cibernéticos, usurpación de identidad, insección de malwares en sistemas informativos, hasta temas de pornografía infantil, entre otros.
Refirió que en la Evaluación Nacional de Riesgo del 2020 de la UIF detectaron riesgos emergentes y uno particularmente delicado es el relativo al Covid-19, por el incremento en los delitos referidos por la vía digital.
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Al participar en el conversatorio organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), por el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, Nieto dijo que esa fecha debe llevar a generar una reflexión y a ir perfeccionando mecanismos y compromisos institucionales.
También señaló que hay muchos temas para reflexionar, entre ellos: el derecho al olvido en el uso de redes sociales para salvaguardar la dignidad humana y el derecho a la vida privada; así como analizar los temas de violencia digital y violencia política hacia las mujeres, que es uno de los principales problemas de la democracia, y el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Refirió que de enero a agosto de este año la Unidad de Inteligencia Financiera en México ha recibido 93 peticiones de información de distintos países, la UIF ha requerido 203 solicitudes de información, se han firmado 14 convenios de colaboración para intercambiar información entre las distintas instancias del Estado mexicano y particulares.
Durante todo 2018, explicó, la UIF tuvo cinco solicitudes de acceso a la información atendidas ese año, pero en 2019 fueron 425, en 2020 sumaron 304, y en lo que va del 2021 han tenido 256 y se han atendido 246, pero hay información que no puede transparentarse al ser una instancia de seguridad nacional.
Aún así, dijo que el compromiso debe ser una transparencia proactiva, generar informes cualitativos que permitan evaluar y ya trabajan en un modelo relacionado con el grupo de trabajo del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en materia de transparencia, donde deben generar políticas públicas para cumplir con la recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Global (GAFI) y tener un informe y una base de datos de beneficiarios finales particularmente en temas de delincuencia organizada y de temas vinculados con corrupción.
La mejora del país, advirtió, se dará en la medida que entendamos que la corrupción no solo implica la concentración de riqueza en unas cuantas manos, sino que genera enormes desigualdades sociales en el país.
Añadió que la mala calidad de servicios públicos, los problemas de seguridad, de vías de comunicación también están relacionados con la construcción de actos de corrupción que terminan concentrando la riqueza y dañando a la sociedad mexicana.
Anunció que están en el camino de conseguir el registro de beneficiarios finales con las secretarías de Economía, de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y lo trabajarán con las unidades de inteligencia de las entidades. El objetivo, dijo, es muy claro: de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad
También advirtió la necesidad de pensar en un rediseño de los conceptos y claves con los cuales se vivió la transición democrática en México.