Toluca, México.- El Ejecutivo mexiquense busca reestructurar o refinanciar la deuda pública estatal -que en estos momentos asciende a 43 mil 369 millones de pesos-, a un plazo de hasta 30 años, constituir fondos de reserva de los financiamientos, pagar gastos y costos relacionados con la liquidación del dinero que se refinancie, como: primas, comisiones, costos de rompimiento de fondeo y/o terminación de instrumentos.
En total, el Gobierno del estado de México tiene 28 créditos contratados entre 2004 y 2018, contratados con diferentes instituciones bancarias a diferentes plazos. El último fue adquirido en febrero de este año por mil 300 millones de pesos, el cual debe destinarse a la reconstrucción de los daños generados por el sismo del año pasado.
La propuesta es que el Ejecutivo pacte con cualquier acreedor las modificaciones a los financiamientos que se determine reestructurar para cambiar plazos, comisiones, tasas de interés, garantías o fuente de pago; mecanismos de pago, como fideicomisos, o cualquier característica, obligación de hacer y de no hacer, términos o condiciones originalmente pactadas.
En el inicio de su último periodo ordinario de sesiones, los diputados locales recibieron esa propuesta y otra iniciativa para regular la emisión de títulos a corto plazo denominados certificados de la tesorería del estado de México; así como una nueva Ley de Seguridad Social.
El Gobierno mexiquense argumenta en la exposición de motivos que la estructura actualmente implementada para la administración de la deuda del Estado de México ha funcionado durante varios años de manera eficiente, pero es necesario armonizarla a las disposiciones de disciplina financiera, actualizarla y mejorarla para aprovechar de mejor manera derechos e ingresos y eliminar restricciones de operaciones anteriores que ya son innecesarias.
La petición del Ejecutivo implica que se autorice al Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Finanzas, a que determine y negocie en cada caso, la conveniencia de refinanciar o reestructurar prácticamente toda la deuda estatal, incluyendo los últimos créditos adquiridos.
También prevé que el refinanciamiento podría costar hasta un 2.5 por ciento del monto de los financiamientos que se contraten o reestructuren, a fin de cubrir primas, comisiones y costos asociados a la contratación y/o reestructuración de los financiamientos por contrataciones o modificaciones de instrumentos derivados y garantías de pago, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros, legales, fiduciarios, fedatarios públicos, intermediarios colocadores y cualquier erogación relacionada.
Además, el Gobierno estatal pide autorización para la celebración de uno o varios financiamientos con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad mexicana o la emisión de valores y la colocación de éstos a través del mercado bursátil, que solo podrán ser adquiridos por personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana y contendrán la prohibición de su venta a extranjeros.
La propuesta es que los financiamientos bancarios y/o bursátiles serían pagaderos en pesos, dentro de territorio nacional, por un plazo de hasta 30 años.
Para tomar en cuenta:
El GEM busca refinanciar 28 créditos por 43 mil 369 mdp a 30 años.
Podría haber un costo adicional del 2.5%.
Modificarían plazos, tasas de interés, comisiones y fideicomisos.
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