La Legislatura mexiquense exhortó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a armonizar la reglamentación interna, programas, lineamientos y demás disposiciones en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género y a crear la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
También exhortó al secretario ejecutivo del IEEM a realizar el registro de antecedentes de los agresores sancionados, judicial o administrativamente, por haber cometido violencia política contra las mujeres.
A propuesta de la diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo el Congreso local aprobó el llamado, pues las reformas sobre paridad de género y violencia política fueron aprobadas el 24 de septiembre del 2020, pero el IEEM no ha hecho los ajustes necesarios.
Recordó que con esas reformas se incorporó el principio de paridad de género y la perspectiva de género como rectoras de la función del IEEM, la obligación de que las fórmulas para la asignación de diputaciones de representación proporcional se sujeten al principio de paridad, la prohibición de utilizar expresiones que calumnien o contengan violencia en razón de género en la propaganda electoral.
Además, se establecieron como requisitos para quienes aspiren a ser titulares de una diputación o integrantes de ayuntamientos, el no haber sido condenados por violencia política de género y al Instituto Electoral se le facultó a solicitar medidas de protección a favor de las mujeres.
También se señaló la obligación de los partidos políticos de destinar parte de los recursos de su financiamiento a crear, fortalecer y difundir los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, se estableció que se debe crear la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del IEEM, se ampliaron atribuciones a la Secretaría Ejecutiva para llevar el registro de antecedentes de agresores sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género.
A la Dirección de Participación Ciudadana se le dio la atribución de capacitar al personal del Instituto para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género e impulsar la igualdad sustantiva, se precisó que la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Instituto es el área encargada de implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría del Instituto.
Se dio origen a la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política, se estableció expresamente que cuando se considere la existencia de algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género deberá iniciarse juicio para la protección de los derechos políticos electorales, entre otras.
Sin embargo, la legisladora de Morena advirtió que pese a la relevancia de las nuevas disposiciones no ha logrado materializarse este derecho, pues existen resistencias dentro de las instituciones obligadas a garantizar y dar cumplimiento a la reforma.
El IEEM, señaló, aún no cuenta con la normatividad interna que permita actualizar y armonizar sus disposiciones que garanticen el derecho de las mujeres mexiquenses a participar en la política libres de violencias, pues no ha armonizado su Reglamento Interno, ni el de Comisiones del Consejo General, ni el de la Substanciación de los Procedimientos Sancionadores; tampoco el Manual de Organización.
Aunado a eso, dijo, sigue pendiente la creación de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres, o la aplicación de la del INE; el protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral.
Otros pendientes son: la capacitación permanente a integrantes de los partidos en materia de paridad y violencia política en razón de género, la emisión de lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en los procesos electorales de diputaciones y ayuntamientos, el Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La legisladora alertó que mientras no se cumpla con eso se estará consolidando un obstáculo más para que las mujeres vean materializado su derecho a no ser violentadas políticamente y la resistencia seguirá imperando para que las mujeres no accedan, ni puedan permanecer en los espacios políticos.
Las omisiones del órgano electoral, dijo, podrían desembocar en la no iniciación de procedimientos para los casos de violencia política en contra de las mujeres por la falta orientación y capacitación al respecto, o que cuando se inicien no logren llegar a una sentencia, por ser desechados o calificados como improcedentes, con lo cual se reforzaría la impunidad.
Por ello, planteó el exhorto que fue aprobado por todas las bancadas en el Congreso local.
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