El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención urgente de la ONU para hacer valer la Ley de Amnistía del Estado de México.
A través de un comunicado la organización afirmó que esa norma está en peligro de convertirse en letra muerta.
El abogado José Antonio Lara Duque advirtió que no se ha aceptado la amnistía para delitos graves y han detectado resistencias en casos de ilícitos de menor impacto.
Por ello, pidió la intervención “inmediata y urgente” de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet para hacer valer la Ley de Amnistía en México, de manera particular en la entidad.
“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, afirmó el CDHZL.
Esa organización entregó una misiva donde expone que “la aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta" por criterios judiciales aplicados de manera incorrecta.
Lara Duque afirmó que el objetivo de la Ley de Amnistía, impulsada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, es construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular las más vulnerables.
Reprochó que aún cuando existen pronunciamientos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México donde reconoce que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos y al debido proceso, jueces del Poder Judicial mexiquense criminalizan a las personas injustamente presas, a pesar de ser inocentes.
Jueces y magistrados mexiquenses, afirmó, se niegan a robustecer el Poder Judicial acorde a los derechos humanos, como lo perfila la reciente reforma al Poder Judicial que impulsa el ministro-presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están: menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, dijo.
El Poder Judicial mexiquense, a cargo de Ricardo Sodi Cuellar, sostuvo está en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar, de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales.
Por ello, consideró urgente la intervención de la ONU para hacer un llamado al Estado mexicano y hacer valer los alcances de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos del que México está suscrito.
“La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar seguir atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”, señala el comunicado.