Pide fiscal mexiquense tener competencia en delincuencia organizada

El fiscal general de Justicia Alejandro Gómez Sánchez pidió a la Legislatura local impulsar una iniciativa ante la Cámara federal para que la Fiscalía sea competente en materia de delincuencia organizada, pues esa materia es federal, y aun cuando la Fiscalía capte esos delitos no tiene las herramientas jurídicas suficientes para atenderlos.

Durante su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo solicitó hacer una revisión de los tipos penales y de la proporcionalidad de las penas, pues hay delitos donde se imponen sanciones más altas que en el homicidio.

También consideró necesario desconcentrar para atender delitos como los de violencia de género al llevar las áreas especializadas a donde ocurren los delitos, lograr que la policía estatal y las municipales realicen investigación y cuenten con servicios periciales y advirtio la necesidad de fortalecer la justicia cívica para despresurizar los penales.

Ante los cuestionamientos de las y los legisladores, el fiscal general de justicia aseguró que poco a poco han avanzado y trabajan en combatir la corrupción. Pidió no solo ver lo malo en la fiscalía; sino también lo positivo.

Sostuvo que pese a estar debajo de las medias nacionales en la mayoría de los indicadores, por el número de elementos con que cuentan, están dando resultados, y aun cuando hay deficiencias e insuficiencias institucionales tienen muchas fortalezas que les permiten ser referencia nacional.

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Ajustes legales

En entrevista, el fiscal detalló que en estos momentos el tema de delincuencia organizada es federal, por lo cual si ellos realizan un operativo, encuentran puntos de halconeo con venta de droga y logran la detención de personas de una estructura criminal, e intervienen teléfonos y recaban datos, no pueden judicializar por delincuencia organizada.

Por ello, explicó, se requiere una reforma federal, donde la Legislatura local presente una iniciativa a la Cámara federal para darles competencia en materia de delincuencia organizada.

Asimismo, explicó la necesidad de retabular las penas, pues la pérdida de la vida de manera violenta es lo más grave, pero hay delitos como robos con agravantes que podrían superar la penalidad de los homicidios y deben revisarse.

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Al comparecer ante las y los diputados locales aseguró que hubo disminuciones significativas en distintos delitos y modalidades de robo, homicidio dolosos y secuestro, pero también aumentaron ilícitos como el robo a casa habitación, la extorsión, delitos contra la salud y en materia de violencia de género.

Destacó que es la única fiscalía que ha obtenido ocho sentencias contra feminicidas, la que más sentencias y con mayor penalidad ha logrado por ese delito, y en trata de personas aumentó en 112% la judicialización y se obtuvo la primera sentencia.

En el tema de corrupción, Gómez Sánchez dijo que han hecho muchas cosas, pero no es un tema privativo de la fiscalía; sin embargo tienen un plan de acción para inhibir malas prácticas, han identificado actos de corrupción, y aun cuando están mal acortan distancias, año con año mejoran y se percibe un Ministerio Público más eficaz.

Destacó que han sancionado a 95 servidores públicos de la fiscalía con destituciones e inhabilitaciones y han enviado siete casos al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves.

Cuestionamientos

Diputadas y diputados locales cuestionaron y reprocharon al fiscal general de justicia por la corrupción en la Fiscalía, la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y en detenciones por los delitos de violencia contra las mujeres y en otros de alto impacto como: secuestros, extorsiones, trata de personas, robos que azotan a la población.

Durante su comparecencia ante el Congreso local la mayoría de las y los representantes populares señalaron que los avances señalados por esa institución no se perciben por parte de la ciudadanía y reprocharon que siguen las deficiencias en la fiscalía, la solicitud de dádivas y otras irregularidades señaladas en el informe de Amnistía Internacional.

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Gerardo Ulloa Pérez de Morena advirtió que el fiscal lleva siete años en el cargo y no se perciben avances importantes, por lo cual lo urgió a dar resultados. Cuestionó el fundamento legal para que participe en el tema del Viaducto Bicentenario y por qué han negado la carpeta al indiciado.

Su compañera María del Carmen de la Rosa cuestionó la impunidad, la obstaculización de las carpetas de investigación, cuándo retomarán los trabajos del centro de Justicia La Perla y los delitos contra niñas y niños y adolescentes.

Omar Ortega Álvarez del PRD preguntó sobre feminicidios, secuestro y trata de personas.

Juana Bonilla Jaime de Movimiento Ciudadano también reprochó la violencia contra las mujeres y el tema de feminicidios. Admitió que ha habido esfuerzos, pero han sido insuficientes y refirió que Amnistía Internacional dio recomendaciones sobre los Ministerios Públicos.

Su compañero Martín Zepeda preguntó cuándo se verán resultados por el combate a la corrupción.

María Luisa Mendoza del Partido Verde cuestionó sobre el informe de Amnistía Internacional, en torno a que las autoridades no realizan pruebas periciales, hay amenazas, acoso y otras irregularidades. También sostuvo que urgen políticas reales y efectivas y preguntó sobre feminicidios.

Trinidad Franco Arpero del PT cuestionó sobre la Ley de Amnistía y los resultados en el combate a delitos como robo en transporte público y a transporte de carga.

Rigoberto Vargas Cervantes de Nueva Alianza señaló que la mayoría de las personas señalan casos de corrupción, la solicitud de dádivas y cuestionó por qué no ha funcionado el combate a la corrupción y Mónica Granillo cuestionó violaciones a derechos humanos.

Mario Santana Carbajal del PRI preguntó sobre los delitos que han disminuido, las acciones por la crisis sanitaria y Evelyn Osornio, también del tricolor, cuestionó sobre el impacto de la pandemia en la fiscalía, la incidencia delictiva y qué se requiere fortalecer en la Legislatura.

Francisco Rojas del PAN cuestionó sobre las sentencias condenatorias y la percepción de inseguridad de la Encuesta Nacional de Victimización y su compañero Adrián Juárez Jiménez del PAN advirtió la necesidad de combatir la impunidad, pues la gente exige resultados.