El activista e integrante de la organización Presunción de Inocencia, Humbertus Pérez Espinoza, presentó este martes su iniciativa de Ley de Amnistía para el Estado de México, donde plantea incluir a los falsos culpables, es decir, a quienes se les han fabricado delitos y se les ha criminalizado y detenido arbitrariamente, e incluso sentenciado sin pruebas.
Durante una transmisión en vivo, previo a la entrega de su propuesta, explicó que esta iniciativa nace de las experiencias de personas inocentes que están recluidas, advirtió que se debe investigar dónde están los recursos que se entregaron al Estado de México para aplicar el nuevo sistema penal y pidió a las bancadas del PRI, PAN y PRD no oponerse.
Pérez Espinoza anunció que iniciará una campaña por la falta de medicamentos, de atención médica en los diferentes centros penitenciarios, pidió a la Secretaría de Seguridad, Maribel Cervantes, atender los reclamos de los presos y sostuvo que hay muchos enfermos a quienes no se les puede negar el derecho a la salud en las cárceles. También exigió que dejen de presionar y hostigar a los activistas en el penal de Chiconautla y anunció la promoción de una acción colectiva para que se otorguen los beneficios de ley y la libertad inmediata a quienes puedan acceder a ellos.
La propuesta considera como falsos culpables a las personas privadas de la libertad que el Estado lleva a prisión, utilizando medios coercitivos como: policías ministerios públicos, jueces y magistrados y puntualiza, como lo hacen otras organizaciones defensoras de derechos humanos, que se acusa a jóvenes, discriminados, estigmatizados y excluidos por ser pobres, por su forma de vestir, por tener tatuajes, a personas con discapacidad intelectual, a vulnerables, a quienes luchan por la tierra, santuarios, a indígenas que pelean por sus territorios, por el agua.
Todos ellos, explicó, son detenidos arbitrariamente, llevados ante el Ministerio Público, donde se confeccionan delitos de acuerdo con su apariencia, condición económica y social; se fabrican delitos, les otorgan largas sentencias por ilícitos de alto impacto que no cometieron; por lo cual plantea dar amnistía, entre otros, a quienes hayan sido acusados como falsos culpables en delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
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Entre los supuestos, contempla cuando la detención sea arbitraria y no se avise de inmediato al sistema Estatal, ni al Centro Nacional de Información y advierte la obligación de las autoridades de justificar que la detención se realizó a través de un informe policial homologado, con orden de aprehensión o en flagrancia.
Incluye cuando los instrumentos o armas no sean presentados, no se cumpla el protocolo de cadena de custodia para garantizar la preservación del lugar de los hechos, indicios, evidencias, cuando en los dictámenes periciales no existan rasgos, huellas, ni vestigios del delito; cuando los peritajes hayan sido manipulados o alterados, o los cadáveres cambiados de lugar y señala que el Ministerio Público y el primer respondiente deben garantizar las medidas de prueba para revelar si antes del homicidio hubo agresión o tortura.
Además, incluye cuando en los delitos de violación no se haya investigado el lugar de los hechos, ni se resguarden las evidencias, o el dictamen pericial provenga de médicos legistas y no de peritos en ginecología forense; cuando en el secuestro no se aplique el protocolo de actuaciones, o no intervenga el perito fonometría para analizar las voces.
Incluye los casos en los cuales en el delito de trata de personas no se aplique el protocolo que define este delito, cuando los cometidos con medios violentos, como armas y explosivos se acrediten en las actuaciones, principalmente armas de fuego, punzocortantes y precisa la obligación de la policía de acreditar las armas, objetos robados el registro de huellas.
La iniciativa señala que la amnistía no procederá para delitos con graves violaciones a derechos humanos, como los de lesa humanidad, donde se presente la tortura por parte de imputados.
Sin embargo prevé que sí se dará a quienes lleven más de dos años sin sentencia, incluso en delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; así como a personas que se han declarado confesas y no se les han otorgados los beneficios de ley; a quienes hayan cumplido el 50% y el 70% de libertad anticipada y a personas privadas de la libertad, inimputables, discapacitados, intelectuales, enfermos de VIH, personas con enfermedades crónico degenerativas y a adultos mayores.
La iniciativa prevé la creación de una comisión especial para supervisar y evaluar el sistema de Justicia penal acusatorio, investigar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que no fueron etiquetados del 2009 al 2016.
Esa comisión podrá solicitar al Instituto de Transparencia conocer el número de operadores de justicia del sistema penal que hayan sido capacitados y certificados, de jueces y magistrados y dará prioridad y urgencia a carpetas de falsos culpables, donde se investiguen graves violaciones a derechos humanos, o se hayan determinado violaciones al debido proceso y deberá pedir información al Poder Judicial.
La iniciativa contempla que deberá ser integrada por expertos de otros países para investigar y determinar las carpetas de investigación fabricadas, acudir al Poder Judicial para que los magistrados evalúen el estudio y las personas privadas de su libertad inocentes pueden acceder a la amnistía.
También considera que la comisión solicitará una partida presupuestal a la Legislatura para que las investigaciones a las carpetas de delitos de falsos culpables o de inocentes pueden realizarse sin ninguna presión económica, ni política y que los recursos se incrementen en cada ejercicio.
