El activista y líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Humbertus Pérez Espinosa ha pedido a la Legislatura mexiquense crear una Comisión especial de investigación, a fin de conocer por qué no se aplicó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ni se ejercieron los recursos del Fondo de las Aportaciones de la Seguridad Pública (FASP) en ese fin.
También solicita aplicar la amnistía a 16 prisioneros políticos y de conciencia, contratar expertos extranjeros en el sistema penal para que revisen los procesos y donde exista falta de pruebas se otorgue la amnistía, pues asegura que hay miles de inocentes en las cárceles y la falta de los operadores de justicia ha provocado graves violaciones a los derechos humanos de miles de procesados y sentenciados.
En un documento enviado al Congreso el año pasado asegura que ya han acreditado que existen sentenciados por el delito de secuestro, sin que se haya pedido rescate, ni se haya anunciado el acto; además de violaciones sin pruebas científicas, homicidios donde las pruebas periciales de balística, clínica forense, criminalística de campo no demuestran la culpabilidad.
En acusaciones por extorsiones asegura que no se acreditó haber recibido el dinero, casos donde se firman compromisos del pago con firmas falsas de la supuesta víctima, y donde el imputado firma como un acuerdo para concretar la extorsión; mientras en robos de automóvil no se acredita en las constancias del REPUVE que el vehículo fue reportado como robado.
La falta de capacitación de servidores públicos y de transparencia en los recursos, asegura, ha generado posibles desvíos de recursos, pues como no se aplicaron en el fin para el que fueron destinados, podrían haberse utilizado en campañas políticas.
Pérez Espinosa pide que se activen las averiguaciones previas y se giren órdenes de aprehensión en contra de los dueños de URBI Desarrollos Urbanos de Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, en contra de Marcela Velazco González ex secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México y en contra del cuatro veces presidente municipal de Tecámac Aarón Urbina Bedolla por supuestos fraudes hipotecarios contra familias en el tema de vivienda.
El contexto
Pérez Espinosa refirió que el 12 de septiembre del 2018 envió un documento a la entonces presidenta de la Directiva en el Congreso local, Azucena Cisneros donde pidió crear una comisión especial de investigación sobre por qué no se aplicó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y solicitar la renuncia del fiscal general, Alejandro Gómez y del Director de Investigaciones.
En entrevista dijo que de los presupuestos del 2009 al 2017 se observa la partida 6000 que se dio al FASP por casi 4 mil 500 millones de pesos, de ese dinero una parte iba a ser para capacitación y certificación de los operadores de justicia, pero como no se concretó, considera que ese fondo se trianguló, pues una parte se envió al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia creado en 2011 y al no cumplir su objetivo, cree que podría haber sido aplicado con fines políticos.
Ese instituto tenía tres meses para expedir el estatuto orgánico, pero lo publicaron hasta abril del 2015 y la Unidad de Transparencia contestó a una solicitud de información en 2017 que en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 ese organismo no fue beneficiado con recursos del sistema de justicia penal, pese a que empezó a funcionar desde 2012 con más de 164 millones y los presupuestos señalan que sí le dieron recursos.
Para el activista, varios ex gobernadores, ex titulares del Poder Judicial y ex secretarios generales de Gobierno incumplieron con los fines del FASP, pues a diez años de que inició la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal no existen operadores de justicia y el sistema de justicia penal acusatorio está colapsado, por lo cual pide crear la comisión investigadora.
También responsabiliza a las Legislaturas 56, 57, 58 y 59 del estado de México, pues no verificaron que se cumpliera con operar el sistema acusatorio y los ex legisladores, aun cuando tienen la facultad de revisar el uso de los recursos, no lo hicieron.
Desde su punto de vista las anteriores Legislaturas no cumplieron con su facultad de fiscalizar el destino de los recursos para instalar y consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, ni de control, pese a que no hubo certificación de servidores y hay miles de inocentes en las cárceles porque el sistema está colapsado y más del 90% de las vinculaciones a proceso y de las sentencias condenatorias se basan en una simple prueba testimonial, aun cuando no son prueba plena.
Pendientes con la ASF
Adicionalmente advierte que la ASF tiene 64 demandas en la FGR contra la administración del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas por no aclarar 12 mil millones de pesos de los años 2012 al 2018 y advierte que eso así como se han detectado fondos triangulados a través de diversas universidades desde la Secretaría de Desarrollo Social en la estafa maestra, podría haberse hecho algo semejante de la Secretaría de Seguridad a la partida especial para el fondo de apoyo a la seguridad pública.
“Existen los elementos suficientes para que se constituya la Comisión Especial, que investigue porque no se aplicaron los recursos del FASP para la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, para que también se realicen las diligencias respectivas del porque no existen operadores de justicia y las consecuencia sociales y económicas, es que miles de personas procesadas y sentenciadas están en las cárceles siendo inocentes”.
Acusó que la anterior Legislatura local hizo reformas a la Ley de Seguridad para no transparentar los aproximadamente $980 millones de pesos que se destinaron al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia.