La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) pide que se atiendan las 765 solicitudes de amnistía que han presentado ante la comisión especial de la Legislatura local, que se investigue a jueces corruptos y anunció que propondrá reformas a la Ley de Amnistía para que la comisión especial sea investigadora con expertos
En entrevista, advirtió que la anterior Legislatura no dejó las memorias que contenían bases de datos para reforzar las peticiones y solo digitalizaron las solicitudes y las enviaron, pero no tienen las USB que presentaron, aún cuando PIDH las dejó a resguardo y tendrán que reponer los procedimientos.
Reprochó al Poder Legislativo mexiquense que de manera irresponsable envío todas las solicitudes de amnistía, presentadas a la comisión especial, por delitos de alto impacto a otras instituciones, sin un análisis previo; por lo cual existe incertidumbre entre las y los solicitantes de amnistía.
El activista e integrante de esa organización, Humbertus Pérez Espinoza, advirtió que la comisión expidió de forma extemporánea los lineamientos para la comisión especial, pero además son deficientes, y aún cuando el Congreso debió asignar un presupuesto a ese órgano, para que contratara a expertos, a fin de acreditar la fabricación de culpables, no lo hizo.
Anunció que el próximo 7 de diciembre presentará una iniciativa para reformar la Ley de Amnistía, a fin de otorgar mayores facultades de investigación a la comisión especial de la Legislatura local y permitir que todos los casos relevantes, posteriores al cinco de enero de este año, los pueda conocer ese órgano.
En estos momentos, la Ley señala que la comisión sólo era válida a la expedición de la ley, pues limita a que otras y otros falsos culpables puedan ser beneficiados por ese ordenamiento.
Pérez Espinoza añadió que otras reformas serán para solicitar que un grupo de investigadores especializados sean adscritos a la comisión especial para que analicen de manera precisa y puntual las solicitudes de amnistía.
Además, pedirán una partida de 100 millones de pesos para que todos los órganos del Estado que atienden ese tema tengan recursos suficientes para cumplir con la ley.
Recordó que cuando presentó su iniciativa planteó la necesidad de contar con expertos que hicieran investigaciones de las solicitudes de amnistía y las conclusiones dirigirlas al Poder Judicial para que fueran evaluadas y se regresaran a la comisión legislativa, la cual podría otorgar la amnistía, pues es una facultad del Poder Legislativo, y no del Judicial.
Otra petición en su iniciativa fue que el Instituto de Transparencia diera a conocer cuántos operadores de justicia existen, están capacitados y certificados para transparentar la aplicación de recursos.
En estos momentos, apuntó, la comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Justicia no tienen los recursos suficientes para atender las solicitudes por casos relevantes de delitos de alto impacto.
Por ello, advirtió, presentará una serie de propuestas de reforma para mejorar la ley y garantizar que la comisión siga recibiendo peticiones de amnistía que sean analizadas.
También pidió que el Congreso pueda crear una Comisión especial para investigar a jueces corruptos, por casos del Frente por la Vivienda, pero también de falsos culpables.
Aseguró que no se quedará callado si las y los diputados no quieren hacer valer la ley y denunciará irregularidades.
Pérez Espinoza refirió que las solicitudes representan el 78%, pero todas están en proceso de investigación, pues se enviaron a diferentes instituciones para que emitieran su opinión, aunque no saben con claridad qué institución las tiene.
A las y los diputados locales, señaló, ya les pidió crear una comisión para investigar primero a jueces civiles y después a penales por corrupción.
