Las y los diputados locales exhortaron a la Secretaría de Movilidad del Estado de México a que informe el avance para deslindar responsabilidades respecto al Viaducto Bicentenario, en contra de funcionarios que habrían favorecido en el proceso de licitación a la empresa OHL, hoy Aleática.
A propuesta de Morena, también pidieron conocer las acciones emprendidas por el incumplimiento en la adecuación de dos carriles confinados para el uso del transporte articulado (MEXIBUS), como se estableció en la licitación, pero que hasta el momento no se han realizado.
El diputado Ariel Juárez, de Morena, señaló que, desde su publicación, la licitación del Viaducto estuvo viciada y plagada de posibles irregularidades en el actuar de los servidores públicos en beneficio de una empresa, pues el resto de las participantes estuvieron en desventaja porque se benefició a OHL, a pesar de ser la única que condicionó la terminación del Viaducto Bicentenario en función del aforo vehicular que le permitiera recuperar su inversión.
Los funcionarios involucrados de los diversos niveles, refirió, mostraron un interés personal aún en contra de lo mandatado por la Constitución y en la etapa de dictamen de las propuestas recibidas, las personas encargadas de realizarlo habrían atendido intereses particulares o de grupo y fueron en contra de lo estipulado en las bases de licitación.
El diputado señaló que la empresa OHL estableció un precio inicial de tarifa de 1.20 pesos por kilómetro, muy por debajo de los precios ofrecidos por otros licitantes, pero posteriormente sus costos de construcción se incrementaron en poco más de dos mil 700 millones de pesos, por lo cual solicitó un incremento en las tarifas de un 25 por ciento, en términos reales e independientemente de los incrementos ya considerados en su propuesta, para recuperar sus costos mal calculados.
Eso, afirmó, fue indicativo de que la empresa participó en la licitación y ofreció precios y costos no viables y posteriormente fue apoyada por funcionarios aumentando los precios del peaje, quienes no respetaron el punto XVIII de la convocatoria, donde se establece que no habría negociación sobre las propuestas presentadas por los licitantes.
Los incrementos en los costos de construcción, afirmó, debieron ser absorbidos por el privado y evitar que el público en general absorbiera las malas prácticas y vicios en los procesos de licitación.
Otro punto que resaltó el legislador es que los gobiernos estatales han omitido exigir el cumplimiento contractual a la Concesionaria Viaducto Bicentenario S.A. de C.V.
Ahí se estableció que estaba obligada a habilitar dos carriles confinados: uno por sentido para permitir la circulación de transporte masivo de pasajeros articulado, con estaciones de transbordo que coincidieran en ubicación con los distribuidores viales del Viaducto y que la concesión sería por un máximo de 30 años, en contraposición a lo establecido en la Concesión otorgada.
“Lo anterior implica un daño al patrimonio del Estado, toda vez que este tipo de obras adicionales permitirían a los ciudadanos un mejor desplazamiento, tema que, al día de hoy, nadie ha exigido su construcción, y nuevamente los gobiernos evitan exigir el cumplimiento del contrato y de las Bases de Licitación, haciendo evidente que sus intereses particulares están por encima de los intereses colectivos o sociales”, apuntó.
Añadió que también hubo una clara violación al artículo 129 de la Constitución mexiquense y a las Bases de Licitación, en beneficio de intereses particulares.
El 23 de octubre de 2020, refirió, se firmó el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Movilidad estatal y diversos funcionarios, tanto de nivel federal como estatal para precisar los alcances de la posesión física y jurídica del tramo que corresponde del Toreo a Tepalcapa, con la cual se busca establecer que la empresa Aleática no tiene derecho alguno en la operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario.
La concesión, dijo el legislador, habría sido otorgada a la empresa OHL, sin tomar en cuenta las múltiples irregularidades en las cuales incurrieron servidores públicos, por lo cual pidió la actuación de la Secretaría de Movilidad e informar los avances del convenio que firmó.
