.jpg "Sin título (15).jpg")
Familiares de mujeres desaparecidas consideraron que la segunda alerta de género para el estado de México por desapariciones es un gran avance y una esperanza para la entidad que se había negado a reconocer el problema, pero falta gente capacitada en las instituciones, pues siguen sufriendo violencia institucional.
Pidieron que en todos los casos existan líneas de investigación relacionadas con la violencia en el hogar y se viculen con los delitos de trata de personas y de feminicidios para que encuentren y sacionen a los culpables.
Del Colectivo Alondras Unidas, Laura Curiel e integrantes de la organización Vivas Nos Queremos de Nezahualcóyotl pidieron -en conferencia de prensa- que las autoridades trabajen, que exista tecnología, el fortalecimiento de las unidades de análisis de contexto y dar los recursos suficientes para que la segunda alerta funcione. También llamaron al gobernador Alfredo del Mazo a estar presente en las mesas de trabajo.
La segunda alerta, afirmó, es una esperanza para encontrar a quienes están como desaparecidos, pues en la entidad no se reconocía ese problema.
“El estado de México no reconoce las desapariciones, no reconoce la violencia que sufrimos”, advirtió y solicitó que los funcionarios estén capacitados para atenderlas, pues ellas han tenido que prepararse, mientras los servidores públicos a veces saben menos y no cumplen con su trabajo. Son ellas quienes buscan y suplen el trabajo de los servidores públicos.
Tras agradecer el apoyo de Litigio Estratégico y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, organizaciones que pidieron la segunda alerta, reprocharon que no se aplican protocolos de búsqueda, pues los Ministerios Públicos les cuestionan hasta que pidan agilizar las investigaciones. Exigió que dejen de victimizarlas.
Presupuesto pírrico
Ana Yurixi Leyva, ex diputada local advirtió que la segunda alerta de género debe sentar un precedente, pero lamentó que en los últimos años apenas se han etiquetado apenas 30 millones de pesos anuales a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para la primera alerta y este año no aumentaron los recursos que representan nada en el gasto estatal.
Consideró que con eso las autoridades demuestran falta de voluntad, por lo cual advirtió que los legisladores tienen la oportunidad de fortalecer el sistema y las instituciones de búsqueda, con un mayor presupuesto.
Curiel advirtió que ha habido mucha indiferencia, por lo cual estarán pendientes de los trabajos que realicen las autoridades y de las instituciones que puedan crear, pues el estado de México es el segundo en número de desapariciones. Advirtió que exigirán que los municipios se involucren y estén presentes en las mesas de trabajo. “Tienen que comprometerse a que recibamos un trato digno”, afirmó.
La primera y la segunda alertas, precisó Leyva, sirven, pero deben efectuarse acciones emergentes, pues el mecanismo de esa declaatoria es único, visibiliza el problema, ha construido instituciones, por lo cual pidió no descalificar. Lo que falta, dijo, es atender a los familiares, capacitar a funcionarios y no tener gente que no hace bien su trabajo.
De acuerdo con la CONAVIM; precisó, el gobierno estatal no vio las desapariciones como un problema público, ni determinó acciones inmediatas para prevenir las desapariciones, aun cuando de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas al 30 de abril del 2018 en el Estado de México había 3 mil 890 desaparecidos y mil 785 son mujeres, es decir, el 45.8%.
Sin embargo el registro no está actualizado, ni segregado.
Las peticionarias de la segunda alerta exigieron que los municipios se comprometan y se incluyan en las mesas para ver qué acciones van a tomar, establecer mecanismos y capacitar a los funcionarios.
De acuerdo con su experiencia, Curiel advirtió que a las autoridades les falta mucha preparación para hacer búsquedas, incluyendo a la propia comisionada estatal, pues son las madres y las familias quienes hacen búsquedas e investigaciones. “No me puedo sentar a esperar”, advirtió.
La declaratoria de la asegunda alerta da 60 días para asignar recursos, coordinación con estados y municipios y mesas de trabajo, con cronograma de actividades; así como hacer búsquedas inmediatas y dejar los estereotipos para no creer que se fue con el novio. También se requieren georeferencia, mapeos y patrones criminales.
