Integrantes del Parlamento Abierto del Estado de México propusieron establecer que el tabulador salarial anual sea obligatorio para todas y todos los servidores públicos, a fin de garantizar un buen uso de recursos y que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) nombre a los miembros de los comités municipales.
También plantearon señalar en la ley la obligación para todas las autoridades de responder a requerimientos de la ciudadanía, que las unidades de transparencia y la Contraloría estatal sean autónomas y crear un Tribunal de Cuentas.
Durante los trabajos de la Comisión de Finanzas, Transparencia y Anticorrupción, las y los parlamentarios hicieron planteamientos para impulsar un mejor control de los recursos, mayor transparencia y combatir la corrupción y hubo reproches en torno que el Sistema Anticorrupción no ha dado los resultados esperados.
Las iniciativas
Maria Elizabeth Díaz López propuso reformas para otorgar atribuciones al Comité de Participación Ciudadana (CPC), a fin de que se constituya en comisión de selección de los CPC municipales, pues aún cuando el Sistema Anticorrupción obligó a crear sistemas municipales anticorrupción, de los 125, solo 77 cuentan con él, 24 están en proceso de instalación y otros 24 no tienen avance.
Por ello, consideró que los ayuntamientos podrían apoyarse en el CPC estatal y el Comité Coordinador para el nombramiento de los CPC municipales.
Algunos participantes opinaron que esos CPC son a modo y cuestionaron de qué sirve tener comités anticorrupción que responden a intereses municipales y dependen de ellos, pues aún cuando las convocatorias son libres, a veces tienen candados.
También hubo opiniones en torno a la necesidad de fortalecer el sistema anticorrupción y la crítica de que lamentablemente siguen problemas de corrupción, por lo cual se requiere modificar el sistema de fondo, pues no ha dado los resultados esperados.
Otro señalamiento fue que los comités están de parapeto, no operan, son a modo, quienes resultaron electos conocen las convocatorias y se planteó la necesidad de sancionar el delito de corrupción con cárcel. Además, hubo críticas al actuar del CPC estatal.
Francisco José Gómez Guerrero propuso una reforma en materia de planeación de las finanzas, transparencia y control de la función pública.
La iniciativa incluye que la Legislatura tenga la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo Estatal, la atribución de designar a los magistrados de Justicia Administrativa para fortalecer el equilibrio de poderes, la obligatoriedad de ajustarse al tabulador salarial y convertir a la Contraloría estatal en un órgano autónomo, donde su titular sería nombrado por el Congreso local.
Además, propuso eliminar la facultad del gobernador de objetar los nombramientos de las y los comisionados del Instituto de Transparencia estatal.
Uno de los parlamentarios recordó que hasta el momento las recomendaciones salariales no son obligatorias y no se han cumplido, por lo cual es necesario que sean vinculantes, para que se ejerza un mejor gasto.
La propuesta incluye que los órganos de control municipal se designarían por la contraloría estatal, a propuesta del Sistema Municipal Anticorrupción.
Jorge Casillas Calderón propuso la autonomía de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, pues advirtió que actualmente los titulares son nombrados por las y los alcaldes y es necesario darles autonomía plena.
Asimismo, opinó que se debe sancionar cuando no se quiera entregar la información; propuso generar un órgano autónomo de control municipal donde pudiera participar la sociedad civil y los titulares de las unidades ser elegidos por el cabildo, sin rendir cuentas al presidente municipal, sino al Instituto de Transparencia local.
Parlamentarios apoyaron la propuesta y advirtieron la necesidad de que cuenten con presupuesto y personal porque a veces el número de solicitudes de información rebasan las capacidades de esas unidades.
Miguel Ángel Cárdenas García propuso reformas a la Constitución para fomentar el buen desempeño del gobierno, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Con ella, busca que todas las peticiones solicitudes y gestiones ciudadanas ante cualquier instancia pública estatal o municipal sean atendidas, siempre y cuando se formulen con respeto, y para las electrónicas, cada institución debería generar un correo electrónico y una red social para atender a la ciudadanía. De esa forma, las autoridades estarían obligadas a responder a la ciudadanía.
El proponente señaló que muchas veces servidores públicos tienen correos electrónicos en sus páginas web, pero no responden, o están desactualizados, y con los ajustes, en caso de no responder las y los servidores públicos podrían incurrir en responsabilidades.
También planteó incluir que las y los diputados no podrán ser reconvenidos, excepto cuando cometen un perjuicio público grave que trascienda en el largo plazo en perjuicio de la ciudadanía, incluir que la población podrá hacer denuncias anónimas en materia seguridad pública y corrupción en el servicio público y conflictos vecinales sin temor a represalias.
Además, propuso que la o el magistrado presidente sea designado por la Legislatura local y las y los magistrados de Justicia Administrativa deban tener experiencia en materia anticorrupción y garantizar la independencia de los órganos de control para que no dependan de los titulares.
Juan Carlos Santiago Jiménez propuso crear un Tribunal de Cuentas del Estado de México con funciones administrativas y jurisdiccionales por excepción para enjuiciar a servidores públicos por hechos de corrupción.
Refirió que desde 2017 se hicieron reformas al Código Penal y se incluyeron los delitos por hechos de corrupción.
La propuesta busca que ese tribunal sea el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y del sector público y participaría en el control de la gestión financiera. Se encargaría de auditar los ingresos y gastos del Estado.
Se dividiría en tres regiones: Toluca Tlalnepantla y Texcoco con funciones de fiscalización, control de las cuentas y recibiría declaraciones patrimoniales, con lo cual desaparecería la Secretaría de la Contraloría estatal y las municipales.
