Integrantes del Parlamento Abierto del Estado de México propusieron una nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento de sus formas de organización, culturas, dialectos, hábitats, y derechos, entre ellos, a recibir educación financiera y facilidades para acceder a créditos, y la restitución del municipio otomí de San Francisco Tlalcilalcalpan.
Durante los trabajos de la comisión de los derechos de los pueblos indígenas las y los parlamentarios hablaron varias propuestas donde las comunidades y los pueblos originarios piden incluirlos en el desarrollo y un mayor respeto a su cultura y declarar su patrimonio tangible e intangible de interés público y el cual debe conservarse rescatarse y transmitirse a futuras generaciones.
Iniciativas
Miguel Ángel Velázquez Zenón presentó una propuesta para derogar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México y crear la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de México, residentes y afromexicanos, pues la actual no cumple con las especificaciones de forma, ni de fondo.
Entre otras cosas, busca dar especial importancia a la participación de pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones, reconocer a los pueblos indígenas, así como derechos y garantías reconocidos en normas nacionales e internacionales como la autonomía y libre determinación.
También la autoadscripción, derechos políticos, reconocimiento a autoridades legítimas y sistemas de organización en lo local y regional, a educación propia, la cosmovisión, la familia, la salud y medicina ancestral de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual, la jurisdicción indígena, el tema de tierra y medio ambiente, la creación de un organismo autónomo.
La multiculturalidad, dijo, es de todo el país y advirtió que no son grupos vulnerables, sino la base sobre la que se sustenta la nación mexicana y tienen la exigencia de que se reconozcan y garanticen sus derechos.
Eva Medina Rubio presentó una propuesta para reconocer más ampliamente la existencia de los pueblos originarios, sus formas de organización, culturas, dialectos, hábitats, sus derechos sobre las tierras que ocupan.
También busca garantizar la integridad de sus hábitats, el aprovechamiento racional de los recursos existentes, el derecho a recibir información y a ser consultados sobre actividades de aprovechamientos en sus tierras, el derecho a mantener y a desarrollar su identidad étnica, cultural, su cosmovisión, valores, espiritualidad y el derecho a preservar sus lugares sagrados y de culto.
Asimismo, el derecho a reconocer las prácticas médicas tradicionales como parte del patrimonio cultural indígena, a garantizar políticas públicas con perspectiva intercultural para combinar el saber científico y el tradicional en un sistema de salud integral, mantener y promover sus prácticas económicas, garantizar y proteger la propiedad colectiva de sus conocimientos, saberes, prácticas, innovaciones intelectuales y recursos.
Marta Citlali Alejandro Campo y Carlos Yair Palma advirtieron que sigue la discriminación hacia comunidades indígenas, propusieron incluir la educación financiera en los pueblos originarios del Estado de México, como parte de la educación que impartan, pues actualmente enfrentan pobreza y desigualdades.
Con su iniciativa buscan señalar que se imparta esa educación financiera en forma obligatoria, pues actualmente se incluye en la ley, pero se excluye a los pueblos originarios, y eso, disminuye oportunidades para insertarse en el mercado financiero.
Se busca reconocer su cultura, incluirla en el sistema financiero y que esa educación se adapte a su contexto económico, cultural y social de sus raíces.
La educación financiera, explicaron, permitiría la inclusión de comunidades en el ámbito económico y tendría darse capacitación sobre los objetivos sostenibles de la agenda 2030.
Fernando Montes de Oca presentó una iniciativa en materia de patrimonio cultural tangible e intangible y propuso declarar de interés público la salvaguarda, conservación, restauración, recuperación, preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos originarios para que sea valorado y transmitido a generaciones futuras.
También planteó la creación de un Consejo de Cronistas Indígenas Municipal, a través del cual se busque la preservación de pueblos indígenas, considerar a los abuelos como depositarios de la memoria de la lengua materna, la costumbre y la tradición, crear un sistema de becas, asignaturas relacionadas con la lengua materna y reconocer cada pueblo originario.
Representantes de San Francisco Tlalcilalcalpan propusieron constituirse como municipio, pues denunciaron que actualmente es difícil ejercer sus derechos, han sufrido injusticias del Gobierno, pues los han despojado del manantial El Túnel y en 2019 pretendieron hacerlo con su pozo de la calle Fresnos. Acusaron que las administraciones estatal y municipal se quieren apoderar de sus recursos.
Refirieron que desde el anterior Gobierno propusieron la restitución del municipio otomí, pero no han tenido respuesta.
Rocio Alejandra Ayala Pimentel propuso reformar el artículo primero de la Ley de Derechos y Cultura Índígena para precisar que el gobernador instrumentará los protocolos para el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Estado de México, los sistemas normativos de cada comunidad y barrio.
Con eso, pretende dotarlos de los instrumentos suficientes y establecer políticas públicas como la actualización del padrón de pueblos originarios.