/ jueves 28 de noviembre de 2024

Poder Ejecutivo envía iniciativa para Reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales

Propuso Ejecutivo estatal iniciativa para disminuir la carga de trabajo de los tribunales y fiscalías

Con el propósito no solamente de disminuir la carga de trabajo en los tribunales y las fiscalías, sino otorgar certeza jurídica tanto al imputado como a las víctimas, el Poder Ejecutivo, envió a la Legislatura local, una iniciativa para acelerar la impartición de justicia.

Durante la Sesión del Congreso local se abordó esta iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado, la cual fue enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al dar lectura a esta iniciativa, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Alberto López Imm, señaló que el imputado a pesar de estar dispuesto a aceptar su responsabilidad y las consecuencias legales no puede activar este mecanismo por sí mismo.

'Esta limitación contraviene principios fundamentales de igualdad, acceso efectivo a la justicia y al debido proceso, los cuales se encuentran consagrados en nuestra Constitución, ya que únicamente el ministerio público puede solicitarlo', expresó.

Agregó que el artículo 20 de la Constitución federal establece que el proceso penal se rige también por el principio de publicidad, continuidad e inmediación, para lo que es necesario la implementación de la facultad para que la defensa del imputado pueda solicitar el procedimiento abreviado.

Lo anterior, añadió, se trata de una medida que permitirá transformar nuestro sistema de justicia penal en uno que atienda las necesidades de las personas, permitiendo con ello la reducción de la carga procesal en los tribunales, puesto que la defensa podrá solicitar directamente la terminación anticipada del proceso para evitar que se continúe el juicio de forma innecesaria, larga y costosa.

'Esto reducirá la carga de trabajo del sistema judicial y hará que se optimicen los recursos y el tiempo de cada entidad juzgadora; de tal manera que pueda utilizarse en casos más complejos', apuntó.

Sostuvo que los procedimientos abreviados por su naturaleza son menos formales y requieren menos tiempo para su conclusión en un contexto, en donde los desafíos por los recursos limitados y la sobrecarga de trabajo son una realidad constante.

Con el propósito no solamente de disminuir la carga de trabajo en los tribunales y las fiscalías, sino otorgar certeza jurídica tanto al imputado como a las víctimas, el Poder Ejecutivo, envió a la Legislatura local, una iniciativa para acelerar la impartición de justicia.

Durante la Sesión del Congreso local se abordó esta iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado, la cual fue enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al dar lectura a esta iniciativa, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Alberto López Imm, señaló que el imputado a pesar de estar dispuesto a aceptar su responsabilidad y las consecuencias legales no puede activar este mecanismo por sí mismo.

'Esta limitación contraviene principios fundamentales de igualdad, acceso efectivo a la justicia y al debido proceso, los cuales se encuentran consagrados en nuestra Constitución, ya que únicamente el ministerio público puede solicitarlo', expresó.

Agregó que el artículo 20 de la Constitución federal establece que el proceso penal se rige también por el principio de publicidad, continuidad e inmediación, para lo que es necesario la implementación de la facultad para que la defensa del imputado pueda solicitar el procedimiento abreviado.

Lo anterior, añadió, se trata de una medida que permitirá transformar nuestro sistema de justicia penal en uno que atienda las necesidades de las personas, permitiendo con ello la reducción de la carga procesal en los tribunales, puesto que la defensa podrá solicitar directamente la terminación anticipada del proceso para evitar que se continúe el juicio de forma innecesaria, larga y costosa.

'Esto reducirá la carga de trabajo del sistema judicial y hará que se optimicen los recursos y el tiempo de cada entidad juzgadora; de tal manera que pueda utilizarse en casos más complejos', apuntó.

Sostuvo que los procedimientos abreviados por su naturaleza son menos formales y requieren menos tiempo para su conclusión en un contexto, en donde los desafíos por los recursos limitados y la sobrecarga de trabajo son una realidad constante.

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