Las comisiones legislativas aprobaron facultar al Ministerio Público a solicitar al Registro Civil estatal antecedentes de personas con calidad de acreedores alimentarios, lo cual permitirá acreditar el delito de incumplimiento de obligaciones en la carpeta de investigación.
La propuesta de modificar el Código Penal del Estado de México planteada por el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez de Morena, fue aprobada por unanimidad por todos los diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Justicia.
Diputados de todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de sancionar a quienes no cubran las pensiones alimentarias y garantizar ese derecho de los menores, que además son un grupo vulnerable junto con adultos mayores personas con discapacidad y destacaron que esta reforma podría agilizar los procesos.
La diputada del PAN, Ingrid Krasopani Schemelevsky destacó que la reforma ayudará a atender el tema de deudores alimentarios, pues el 68% las madres solteras no tienen el apoyo del padre de sus hijos y advirtió la necesidad de enriquecer las leyes y exigir su cumplimiento.
Beatriz García de Morena consideró que quien no cumpla con el pago de las pensiones alimentarias debe ser sancionado, pues la protección de niñas, niños, adolescentes ya son reconocidos; de hecho, es una obligación de los padres darles alimentos y el incumplimiento se sanciona con la pérdida de la patria potestad, además de multas y hasta prisión.
En tanto, el diputado también de Morena Max Correa admitió que las leyes deben revisarse de manera permanente para ser actualizadas y destacó la necesidad de apoyar y garantizar los derechos y el bien superior, sobre todo cuando se trata de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Lorena Marín del PRI advirtió que de acuerdo con la ley tienen derecho a recibir alimentos las y los menores de edad, o hijas e hijos mayores que estudien, personas con discapacidad y quienes se hayan dedicado al hogar.
En tanto, María Luisa Mendoza del Partido Verde consideró que la reforma es progresista, acorde a la realidad para cerrar lagunas del marco jurídico, lograr una mejor justicia y que no existan pretextos para incumplir con el tema de pensiones alimenticias, y Margarito González de Morena señaló que el tema es sensible, pues un deudor alimentario incurre en delitos graves, en perjuicio de otras personas y la posibilidad de que el Ministerio Público solicite información al Registro Civil refuerza la normatividad para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Qué dice la ley
El artículo 217 del Código Penal del Estado de México señala que comete el delito de incumplimiento de obligaciones quien estando obligado por la ley, sin motivo justificado, abandone a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor alimentario, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun cuando éstos, con motivo del abandono, se vean obligados a allegarse por cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que se inicie o no la instancia civil.
También quien intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determine el padre, madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de un menor de edad, que por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión en las obligaciones que le impone la ley, ponga en riesgo la salud mental o física del menor.
Es estos supuestos, el Ministerio Público debe solicitar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y al Registro Civil información sobre antecedentes de deudores alimentarios.
Desde el 2014 existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde se inscribe a las personas que de manera total o parcial, hayan dejado de cumplir con su obligación alimentaria, establecida por mandato judicial.
Por otra parte, los diputados también aprobaron en comisiones declarar el día 17 de mayo como el día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia, a propuesta de Julio Hernández de Morena.
