Toluca, México.- Mientras el PRD en la Legislatura local considera que no hay causales para remover al auditor superior del Estado de México, Fernando Baz; el PRI advirtió que analizarán los argumentos que solicitan iniciar el procedimiento de remoción.
Hace unos días el PAN también consideró que no veía causas para destituirlo, pero este miércoles la comisión de Vigilancia del Órgano Superior (OSFEM) aprobó los dictámenes de los informes de las cuentas públicas del 2017 con un artículo transitorio que solicita iniciar el procedimiento de remoción.
Tanto el coordinador del PRD, Omar Ortega, como el líder de la bancada del PRI, Miguel Sámano coincidieron en que se trata de dos temas distintos: el dictamen del informe de las cuentas y el del auditor superior que deben ser analizados en diferentes tiempos.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización del Estado de México, algunas causas para remover al auditor son: incumplir con las atribuciones no delegables de su cargo; utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación o información confidencial o reservada, sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación o información de su cargo, a su cuidado o custodia o que exista en el Órgano Superior.
También omitir la formulación de pliegos para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias, aun cuando existan elementos para presumir la existencia de responsabilidad, admitir la injerencia de agentes externos en los actos y resoluciones, dejar de señalar si existe responsabilidad sobre actos u omisiones derivadas del uso y manejo de recursos públicos.
Otras causas son: dejar sin causa justificada de determinar responsabilidades resarcitorias o de imponer medidas de apremio cuando esté debidamente comprobado el daño patrimonial o el incumplimiento a sus determinaciones, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de medidas de apremio, ausentarse por más de quince días naturales sin licencia de la Legislatura e incumplir con las disposiciones de la Ley.
Omar Ortega consideró que no se utilizó el mecanismo adecuado, pues el trabajo de la comisión era dictaminar la cuenta pública, no solicitar un procedimiento de remoción.
“Creo que eso es un error y es un exceso que se toma la comisión, hay que decirlo con todas sus letras. Independientemente de si existen o no motivos para solicitarlo o hacer un procedimiento pero no que se incluya dentro del dictamen, creo que eso es un abuso.
“No están dentro de los artículos que señala la remoción, no se encuadra en ninguna causal, pero además no estamos de acuerdo, pero porque no era el motivo, hágase valer todo el procedimiento si es necesario, que se solicite la remoción en esa parte, nadie está negado, lo que creo que no puede pasar es que por tener mayoría se haga un desaseo en el dictamen, eso lo que no veo correcto”.
Por su lado, el líder de la bancada del PRI, Miguel Sámano dijo que el análisis de las cuentas públicas 2017 es un tema que han venido trabajado desde el año pasado, pero el asunto del auditor es un tema que debe tratarse de forma particular y de acuerdo con el procedimiento legal.
“En el grupo parlamentario del PRI seremos verdaderamente respetuosos (...) lo que seguramente se estará tratando en el pleno son lo de las cuentas públicas, aquí lo que dice el artículo transitorio lo tendremos que ver en la Junta de Coordinación Política”.
Señaló que revisarán el tema y buscarán conocer la información de fondo, antes de dar una opinión.
