La Legislatura mexiquense aprobó reformas encaminadas a ofrecer mayor certeza al proceso de adopción de menores en la entidad, a garantizar la profesionalización de servidores públicos al exigir la certificación de las personas titulares de las procuradurías municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el perfeccionamiento de la regulación de los centros de asistencia social y de la adopción.
Los ajustes fueron a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y a la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones de la entidad, con el fin de impulsar la especialización de servicios a favor del interés superior de la niñez y la adolescencia, en busca de que las y los servidores públicos responsables de proteger sus derechos garanticen una atención, eficaz, eficiente y profesional.
El dictamen es resultado de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, el PAN y Nueva Alianza y en él se señalan como requisitos para ser titular de las procuradurías de protección estatal o municipales el tres de tres contra la violencia.
Eso incluye: no tener condena por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ni sentencia por violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género y no estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en ninguna entidad.
De igual forma se precisa que las y los titulares de las procuradurías municipales deberán aprobar una evaluación teórico-práctica del curso impartido por el DIFEM y la certificación de competencia laboral sobre Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y serán designados por la Junta de Gobierno, a propuesta de quien presida el DIF municipal.
El dictamen también señala el equipo de profesionistas con el que deberán contar las procuradurías municipales, la Junta Multidisciplinaria del DIFEM se sustituye por el Comité Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes en acogimiento residencial, el cual se encargará del análisis y resolución de las solicitudes de adopción de las niñas, niños y adolescentes ubicados en los centros de asistencia social.
Al Comité Interinstitucional se sumarán las vocalías con representantes de diferentes dependencias estatales y de la Junta de Asistencia Privada, así como invitados especiales, entre los que destacan integrantes de la Comisión Legislativa Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y titulares de procuradurías municipales, entre otros.
Además, se regulan las entregas voluntarias de menores por padres o madres, y se señala que una persona mayor de 21 años podrá adoptar cuando acredite que cuenta con el oficio de viabilidad, con base en estudios médico, psicológico, de trabajo social y socioeconómico para expedir el certificado de idoneidad que deberá expedir la Procuraduría de Protección.
Las y los diputados locales consideraron que se beneficiará a más de cuatro millones de menores y adolescentes de la entidad, pues las instituciones acreditadas contarán con profesionales de diversas áreas para que puedan participar en el proceso de adopción.
Además se precisan los procedimientos de adopción para cuándo la madre o el padre decida entregar a su hija o hijo a instituciones acreditadas o centros de asistencia social y cuando se trate de menores de edad.
Las entregas serán favor del DIF y de la Procuraduría de Protección, o al centro de asistencia social, con un aviso inmediato al sistema local de protección y al sistema nacional de protección integral.
Se señalan los procedimientos de reintegración de adopción, y se prevé tener un registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción que deberá ser actualizado. La autoridad encargada será el DIF por conducto de la procuraduría de protección, entre otras cosas.
