Además de estar a favor de la preliberación de personas privadas de su libertad (PPL's) recluidas en los Centros de Prevención y Reinserción Social y que cumplan los requisitos para ello, la Comisión de Derechos Humanos de Estado de México (Codhem) ha supervisado el cumplimiento de las medidas de sanidad en dichos centros.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión, Jorge Olvera García, consultado respecto a la protesta que el pasado sábado realizaron activistas y familiares de las PPL en seis centros penitenciarios de la entidad, en donde demandaron una revisión de las autoridades para que alrededor de 13 mil internos, consideran, puedan salir en libertad.
Respecto a la preliberación de PPL's internas en los Centros de Reinserción Social de la entidad, el ombudsman Jorge Olvera García señaló que la postura del Organismo defensor que preside siempre ha sido a favor que se lleve a cabo con base en las normas locales, nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos, así como en los protocolo aplicables.
El uso de los brazaletes electrónicos es una opción aceptable, y el Tribunal Superior de Justicia ha demostrado la capacidad económica, tecnológica y operativa para llevarla a cabo y, sobre todo, enfatizó, salvaguardando los derechos humanos de las PPL's, además, la Codhem sigue atenta a las decisiones que se tomen al respecto.
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha permanecido con constante comunicación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal, vigilando que las medidas de prevención, contención y atención relacionadas con el coronavirus COVID-19, se efectúen óptimamente en favor de las personas privadas de libertad y sus familias, así como del personal servidor público que labora en dichos centros”, aclaró Olvera García.
En este sentido, dio a conocer el inicio, durante el periodo de aislamiento por la pandemia del COVID-19, de 52 expedientes de queja por actos que podrían resultar de acciones u omisiones de distintas autoridades, principalmente en perjuicio del personal médico y de enfermería, así como de las personas internas en penales y de niñas y mujeres por violencia familiar.
De los 37 expedientes relacionados con el COVID-19, 17 corresponden a acciones u omisiones de autoridades municipales, cinco a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuatro a la Fiscalía General de Justicia estatal, tres al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y dos a la Secretaría de Educación del gobierno mexiquense.
Los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Órgano Superior de Fiscalización, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública de Estado de México, con una queja iniciada.
Cuatro expedientes por vulneración a los derechos humanos de personal médico y de enfermería; una investigación de oficio contra los directores de los centros de prevención y reinserción social de la entidad, por afectar el derecho a la protección de la salud de personas privadas de libertad (PPL's), derivada de una nota periodística sobre la falta de médicos, medicamentos y políticas de salud en los penales mexiquenses.
Por la vulneración de los derechos humanos del personal médico y de enfermería, la Codhem inició dos expedientes contra el ISEM, uno al Hospital General de Atlacomulco y el otro al Centro de Salud San Antonio Buenavista; al Hospital Regional Toluca del ISSEMyM y al Instituto Materno-Infantil del Estado de México.
La investigación de estos casos está a cargo de la Primera Visitaduría General de la Codhem y también informa de 10 quejas por violencia de género en el ámbito familiar vulnerando los derechos.
