En el Estado de México, el 90% de las audiencias no inician en el horario señalado, con lo cual se deduce que la impuntualidad es un problema significativo, ya que impide celebrar dichos actos de manera regular.
Lo anterior se desprende de los resultados de los “Observatorios de calidad de las audiencias y resoluciones judiciales”, el cual presentó la organización México Evalúa, concretamente sobre los estados de Baja California y la entidad mexiquense, en donde también se indicó que dicha situación se encuentra relacionada con la inasistencia de personas juzgadoras y fiscales y, en menor medida, de la defensa y el asesor jurídico.
Durante esta presentación del tercer reporte de la calidad de la justicia, en donde se contó con la presencia de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Estado de México y Baja California, Ricardo Sodi Cuellar y Alejandro Isaac Fragoso López, respectivamente, se indicó que las justificaciones más comunes para dichas conductas, fueron: Que no se contaba con sala disponible para llevar a cabo las audiencias programadas, la persona juzgadora no se encontraba disponible, ya sea por su participación en otras audiencias o por circunstancias imprevistas y ausencia del ministerio público, ya sea por encontrarse en otra audiencia o por ausencia injustificada.
Otro dato relevante de esta organización, se encuentra relacionado con el hecho de que en la entidad mexiquense en el 100% de las causas penales observadas se registró al menos un cambio en la persona que asistió por parte del ministerio público, defensoría y asesoría jurídica.
“Esta alta rotación del personal lleva a diferir frecuentemente las audiencias, dado el desconocimiento del caso por parte de los nuevos operadores, lo que repercute directamente en el derecho a la justicia de ambas partes y distorsiona el principio de continuidad del proceso penal”, externó la organización”, apuntó México Evalúa.
También se destacó que se retomaron los casos de la entidad mexiquense y Baja California, porque fueron punta de lanza en la implementación del proceso penal acusatorio en México.
Asimismo, dicha organización aseveró que la calidad de la justicia penal se puede evaluar en momentos singulares: las audiencias y las resoluciones judiciales.
Por ende, realizó un análisis a fondo sobre el rol de los operadores –agentes del ministerio público, asesores jurídicos, defensores y jueces–, y logró observar cómo atienden los casos de alta incidencia –como robos– y si hay una diferencia en el tratamiento de aquéllos que requieren una protección reforzada de derechos, como secuestros, desapariciones y homicidios.