La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJEM) Arlen Jaime Merlos afirmó que si existen pruebas de posibles irregularidades al interior de ese órgano deben investigarse y sancionarse por parte del Órgano Interno de Control (OIC).
Incluso, ofreció que si hay elementos para presumir una posible responsabilidad, como la supuesta red de corrupción mencionada por el contralor, ella está dispuesta a acompañarlo ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar, pues las y los magistrados son los primeros interesados en que no haya corrupción.
Admitió que el tribunal tiene una carga de trabajo impresionante, pues llevan entre 15 y 17 mil asuntos al año, de los cuales el 50% son de los Cuerpos de Seguridad (CUSAEM), otro 20% por pensiones del ISSEMYM, un 10% más por presuntas faltas graves otros 10% por cuestiones como incumplimientos de contratos.
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En total, señaló, tienen 310 personas que laboran en ese tribunal y hay 25 magistradas y magistrados, siete salas regionales, dos especializadas, dos supernumerarias y la mayoría de las quejas contra el personal del Tribunal son por la tardanza en resolver, pues tienen mucho trabajo.
Refirió que hay salas como la de Ecatepec con nueve servidores adscritos y una carga de trabajo de dos mil a dos mil 500 expedientes al año.
Hace unos días el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, Everardo Camacho informó que ha radicado 286 denuncias, de las cuales, 220 están en trámite en contra de servidores públicos de ese órgano, aunque 66 han prescrito y anunció que investigaba una supuesta red de corrupción.
La presidenta de ese tribunal, Arlen Jaime refirió que fue la Junta la que envió las denuncias al OIC, hace un año, cuando llegó al cargo, pero advirtió que no se puede asegurar que exista una red de corrupción, pues debe haber investigaciones y demostrarlo.
Mientras no sea así, precisó, solo son suposiciones, pues las y los servidores públicos del TJAEM trabajan mucho.
Sobre los salarios, donde el contralor señaló que hay disparidad, la magistrada explicó que están establecidos en el capítulo mil de su presupuesto y publicados en internet, y ya se habían establecido antes de los nombramientos de las y los magistrados actuales.
En cuanto a las plazas, donde el titular del OIC dijo que no les han dado todas las que tienen asignadas, la magistrada detalló que se dieron en 2019, pero no había titular, por lo cual algunas fueron usadas en cuestiones operativas, salas regionales y secciones, pues de no hacerlo, se habrían perdido, ya que el contralor se nombró hasta agosto del 2021.
En ese momento, dijo, le enviaron unas 220 denuncias, por lo cual lleva un año con ellas, aunque el contralor ha señalado que algunas ya prescribieron.
Principal tarea: la jurisdiccional
Sobre las quejas por tres supuestos despidos injustificados, Jaime Merlos afirmó que fueron por incumplimiento de metas anuales, y en su momento tuvieron los elementos para las rescisiones laborales, pero ya están ante la autoridad para que ella decida.
La magistrada dijo que está abierta a cualquier señalamiento para investigarlo y aclararlo y anunció qué buscarán hacer público, en su página, el informe entregado por el titular del órgano interno de control.