En el Estado de México, la defensa de derechos sociales ha provocado la detención de ciudadanos, quienes aducen consignas políticas para mantenerlos en prisión. Son los llamados presos políticos, quienes ahora buscan una amnistía del nuevo gobierno federal.
Mónica Hurtado, representante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, consideró que es difícil cuantificar el número de mexiquenses en esta situación, sin embargo, esta problemática persiste.
La definición de presos políticos se les atribuye a quienes están relacionados a hechos políticos, en el caso de (las comunidades de) Tlanixco y Salazar, los detienen por luchas de agua y tierra, no es que defiendan una causa política, pero se les trata con violación a sus derechos.Mónica Hurtado.
Atrás de estas detenciones, señaló la activista, hay una consigna política para mantenerlos en prisión. El objetivo es quebrantar su voluntad moral y espiritual.
Los comuneros de Salazar y Tlanixco no son líderes políticos, son campesinos que antes de ser prisioneros trabajaban sus tierras.
También indicó que las autoridades gubernamentales deben acatar a los protocolos internacionales, pues las movilizaciones sociales son legítimas.
El daño para las familias de los presos políticos, apuntó, es como una gangrena, ya que las esposas y los hijos quedan en el desamparo; viven un encierro desde afuera.
La mayoría de los presos dejan en el desamparo a sus familias, no hay apoyo sicológico, ni económico, las familias no son integradas al programa nacional de víctimas.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Entre los casos ocurridos en el Estado de México, y que han derivado en el encarcelamiento de representantes sociales, destacan las protestas de campesinos en el municipio de San Salvador Atenco.
En 2001, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezado por Ignacio del Valle.
Su objetivo fue defender el ecosistema de al menos 12 comunidades que serían afectadas por el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), actualmente cancelado.
El 3 de mayo de 2006 fue la fecha más álgida del movimiento, pues fueron detenidas al menos 200 personas e ingresadas al penal estatal de Santiaguito. Durante los aseguramientos se denunciaron distintas vejaciones y maltratos contra los inconformes.
TLANIXCO
Otra lucha similar es la de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, iniciada en los años noventa.
Entre 2003 y 2006 fueron detenidos cinco campesinos y una mujer acusados de homicidio. Este movimiento buscaba defender los manantiales que alimentan a su comunidad. Actualmente se ha retomado la movilización para conseguir la libertad de los seis.
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SALAZAR
El 31 de agosto de 2017 ocurrió el aseguramiento de ocho habitantes de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, acusados de lesiones, robo con violencia y privación ilegal de libertad en contra de otros comuneros del pueblo vecino de San Mateo Atarasquillo.
Familiares de los detenidos cuestionan que el verdadero móvil es el despojo de sus tierras.
Durante el operativo para detenerlos, que ocurrió en la madrugada, arribaron más de mil policías al pequeño poblado. A un año y cinco meses sólo dos han salido libres bajo fianza y el resto esperan un juicio en prisión.
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VIVIENDA
José Humbertus Pérez Espinoza, líder del frente mexiquense en defensa de la vivienda, es otro de los activistas que está preso.
Su causa es la defensa de la vivienda en contra de injusticias cometidas por inmobiliarias y autoridades estatales. Fue acusado de robo.
Crónica “No estamos cansados de luchar”
Familiares de los llamados presos políticos admiten que desde el exterior viven otra condena
Almoloya de Juárez, México.- Detrás de una bocina que distorsiona el sonido por su alto volumen, una joven activista insiste en la liberación de los llamados presos políticos.
“Muchas gracias a la Red Contra la Represión, a todos los compañeros; seguimos exigiendo al gobierno lo que tiene que hacer, que haga su trabajo”, demanda la joven con voz quebrada.
El contingente está frente a los juzgados anexos al penal estatal de Santiaguito. De pie están ancianos con banderas empuñadas y niños que portan pancartas con nombres escritos a plumón negro. Son vigilados por agentes de seguridad vestidos de civil.
Son las familias y simpatizantes de seis campesinos de San Pedro Tlanixco, encarcelados en 2003 y 2006, tras defender los manantiales ubicados en su comunidad.
Esta es la ruta para los familiares de los denominados presos políticos. Un fenómeno enraizado en la justicia mexiquense.
RESISTENCIA
“En 12 años las cosas no se olvidan”, reprocha Yolanda, una campesina que sostiene una mirada cansada, así luce a diario por el ir y venir a los juzgados.
“El dolor se queda con uno”, dice, “mi esposo se va de su hogar, de su casa, de su familia”, expresa, al recordar la ruta que ha seguido para lograr la libertad de su esposo. Lo hace a las afueras del centro penitenciario estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Habla a unos metros de las bardas custodiadas que la separan de Lorenzo Sánchez Berriozabal, con quien hace unos 35 años formó un hogar. Él es uno de los seis indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco que fueron encarcelados tras ser acusados de homicidio. Sus familiares argumentan que su protesta era para defender el agua de su región.
¿Ya sabían que lo querían detener?, se le pregunta.
“Desde que le llegó orden de presentación él fue a declarar sin temor, porque es inocente, declaró en el Ministerio Público de Tenango del Valle. A partir de su declaración, por hablar con la verdad, le sale la orden de aprehensión”, recuerda la campesina.
AUSENCIA
Su esposo huyó durante tres años hasta que lo detuvieron el 11 de diciembre de 2006. Yolanda recuerda que los agentes ministeriales lo localizaron en la Ciudad de México, donde trabajaba de albañil en la construcción de obras.
“Un compañero suyo me dijo que lo habían detenido, que llegaron y se lo llevaron sin presentar orden de aprehensión”, señala la campesina. “¡Se lo llevaron peor que animales, porque a los animales también se les respeta!”, cuestiona.
¿Sabía dónde estaba su marido?
Nada, cuando anduvo prófugo, no sabía yo nada de él para evitar que lo encontraran.
ENCIERRO
En prisión la vida es difícil para Lorenzo.
Lo que ha sufrido hasta ahora son hambres, falta de agua, y lo que es totalmente la falta de libertad, eso es lo que ha padecido.Comenta su esposa.
¿Se ha enfermado?
“Sí”, responde Yolanda, “no hay medicamentos, a lo mejor hay cosas dentro de él que no me dice para no lastimar a su familia pero... vivir en la cárcel es muy difícil, muy muy difícil, muy arriesgado”, se duele Yolanda, cuyos ojos se humedecen.
“Lo único que me platica siempre es lo mismo, no me demuestra la verdad, el peligro que viven adentro, porque viven con gente, no quisiera nombrar esas palabras”, apunta.
Yolanda desde el otro lado de los barrotes de Santiaguito también ha vivido su propio encierro. Lo describe con un dolor similar al de su esposo. Lorenzo tenía 42 años cuando comenzó su encierro. Actualmente cumplió 54.
“No podemos perder la esperanza, la fe en ellos mismos, en nosotros mismos, porque sabemos que son inocentes, nunca jamás la vamos a perder”, aclara. “No estamos cansados de luchar, estamos cansados de venir a visitarlos, porque sí es muy duro”.
Yolanda recuerda las amenazas que recibió de agentes ministeriales y funcionarios del gobierno estatal, sin embargo, insiste en que es el momento para conseguir la libertad.
Mi esposo sabe que estamos luchando y es el momento.
“Esa es mi idea, venir y plantarme hasta sacar a mi esposo, si es posible hacer huelga de hambre”.
MEMORIA
Mariana Saldívar González es hija de Dominga González, la única mujer detenida en el grupo de los seis campesinos encarcelados de San Pedro Tlanixco.
Su exigencia la sabe de memoria, porque lleva 13 años en lo mismo.
A mi mamá la detuvieron en 2006 por ser chaparrita, morenita y ser indígena.
Señala Mariana.
A Dominga la recluyeron a los 47 años, ahora ya tiene 60 y aún sigue en audiencias sobre el cargo que le imputan. Mariana teme que sean más de 50 años, sin considerar los 13 que ya ha estado presa.
La detuvieron en su casa, en medio de sus labores domésticas y del campo. Desde ese entonces, la injusticia que sienten los ha movilizado a juzgados, carreteras y plazas para manifestarse.
Un caso parecido es el de Omar Pérez Cruz, hijo mayor de Teófilo Pérez González, un albañil que fue detenido a bordo de un taxi que manejaba para completar el presupuesto familiar.
“Mi papá fue el segundo detenido, fue en junio de 2003”, explica el joven. “Él ya tiene una sentencia de cincuenta años, de hecho metimos un amparo en aquel entonces y le dieron la misma condena”.
Omar tiene 27 años, pero recuerda que apenas cumplía los 13 cuando aprehendieron a su padre. La realidad de desamparo se repite en cada familia de los seis presos.
Desde la década de los noventa, habitantes de Tlanixco disputan el agua proveniente de manantiales con vecinos de Villa Guerrero. De este conflicto derivaron las detenciones.
CRÓNICA
Salazar, el litigio por la tierra
La madrugada que detuvieron a Fermín Esquivel Rojas, esposo de Rosalba, ella supo que la impunidad tenía forma de hombre encapuchado.
Así recuerda esa escena del 31 de agosto de 2017 en Salazar, municipio de Lerma, cuando los agentes ministeriales irrumpieron a su hogar a las 2:30 horas.
“Nos apuntaban, nos decían que nos iba a cargar”, dice Rosalba, “que no existía orden de aprehensión, porque esta era una orden de muy arriba”.
Afuera de su domicilio había cinco camionetas, todas color blanco, con agentes armados y encapuchados. En el resto de los hogares de los ocho detenidos ocurrió lo mismo.
El problema se había generado por un conflicto de tierras con una comunidad vecina.
Esa vez hubo unas confusiones, porque primero entraron a la casa de mi cuñado y después a la mía, en otras casas pasó lo mismo, llegaron, golpearon y amenazaron. Había muchísimos hombres afuera, con armas
En medio del tumulto, pidió a su cuñado que sacara su coche y siguiera al convoy, pero en la zona de las vías fueron detenidos por un retén de la Marina y la policía estatal.
“Cortaron las comunicaciones”, recuerda Germán, integrante de la Comisión Agraria de Salazar, “llamamos a los números de emergencia y al saber que era de Salazar, nos cortaban la comunicación”.
Fermín ahora tiene 35 años, revela su esposa Rosalba. Tienen tres hijos, el mayor de 16 años de edad, una menor de 12 y un niño de ocho.
“Estas personas que armaron las carpetas, no se dan cuenta la magnitud del daño moral y psicológico que hicieron a toda una comunidad”, reprocha.
TESTIMONIO
Tienen fe en López Obrador
A Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, de 32 años de edad, la sacaron cargando desde su habitación, ubicada en la segunda planta de la casa. Estaba semidesnuda.
“La bajaron colgada de aquí”, indica Maribel, su madre, señalando una habitación en la segunda planta, “la dejaron semidesnuda, no sé cómo se subieron, si no ponemos escalera”.
A su hermana Yuriko la detuvieron unas horas después, porque se encontraba en su trabajo.
“De hecho no era ella a la que buscaban”, dice Maribel, “los contrarios (quienes acusan) saben perfectamente que tienen a una persona equivocada”.
“Sólo por una media filiación la detuvieron, mi hija es altota y delgada, tiene el pelo chico y no coincidía”,
En la casa de Maribel construyeron hermanos e hijos. Hay un cuarto solitario que la mujer señala al otro extremo del patio, es la casa de Yuriko. Lo construyó sola, incluso ella trabajaba como empleada de limpieza en la preparatoria de la Universidad Iberoamericana que se construyó a unos kilómetros de Salazar.
Maribel se debe hacer cargo ahora de sus cuatro nietos, dos de Yuriko y dos de Daneyra.
El proceso, gastos y la subsistencia de sus nietos lo palea ella sola.
Lo dicen a forma de reproche. También revela que el próximo 18 de febrero es la primera audiencia del juicio para los seis comuneros restantes que permanecen presos en Santiaguito. Dos lograron el año pasado la libertad pagando una fianza de casi medio millón de pesos.
“Tenemos fe en Dios que con este nuevo presidente (Andrés Manuel López Obrador) haya justicia”, expresa Rosalba. Pero la brecha por la justicia, aún es incierta.
Lucha social
Estos son algunos de los acontecimientos ocurridos en el Estado de México, que han derivado en la detención de vecinos y líderes sociales:
2001
- En el Diario Oficial de la Federación se publica la expropiación de más de 5 mil hectáreas en San Salvador Atenco. Inicia la resistencia.
2003
- Detienen a tres pobladores de San Pedro Tlanixco por defender los manantiales
2006
- En mayo detienen a más de 200 comuneros de San Salvador Atenco por oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
- En diciembre se realizan otras tres detenciones de habitantes de San Pedro Tlanixco
2015
- En noviembre es detenido el abogado José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense y defensor de compradores de vivienda
2017
- En agosto son asegurados ocho comuneros de la comunidad de Salazar. En el operativo participan alrededor de mil policías.
