El activista y defensor de falsos culpables Humbertus Pérez Espinoza se mostró escéptico del trabajo que realizará la nueva comisionada de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna García Morón.
A través de un pronunciamiento señaló que la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) desconoce el nombramiento, pues consideran que tiene conflicto de intereses y es parte del grupo político que no instaló, ni consolidó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de lo cual son víctimas miles de falsos culpables que se encuentran en las prisiones del Estado de México.
En entrevista, Humbertus Pérez Espinoza, activista y fundador de la organización Presunción de Inocencia, consideró que el nombramiento es para que no prosperen las solicitudes de amnistía que han presentado en búsqueda de beneficiar a 850 personas.
Consideró que ella representa el regreso del senador Eruviel Ávila Villegas y de la ex consejera jurídica del gobierno estatal María de la Luz Zarza Delgado y advirtió que cuando fue comisionada de transparencia se condujo con opacidad, pues sus proyectos de resolución, opinó, eran proclives a no transparentar la información pública de las administraciones de los gobiernos.
En el Tribunal de Justicia Administrativa, opinó, ella dejó procedimientos jurídicos inconclusos y cuestionados, como el que se inició por la entrega de notarías a personas cercanas al ex gobernador Eruviel Ávila y de la posible responsabilidad por no implementar el sistema de Justicia Penal Acusatorio.
"PIDH afirma que la llegada de Myrna Araceli García Morón al frente de la Codhem representa el regreso de los responsables de no haber instalado, ni consolidado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que los principales responsables son el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas el ex secretario general de gobierno José Sergio Manzur Quiroga el ex titular del Poder Judicial Sergio Javier Medina peñaloza y el actual fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez".
Esto, porque en la Gaceta de Gobierno del 26 de marzo del 2015 se estableció la creación del órgano implementador del sistema que era integrado por el entonces presidente del Tribunal Superior, del titular de la Junta de Coordinación y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para realizar las acciones necesarias y obtener recursos para realizar los cambios suficientes y fortalecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero Pérez Espinoza advirtió que no hicieron nada y no se sabe a dónde fueron a parar los recursos para ese fin.
También comentó que antes de su renuncia Jorge Olvera García, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo una reunión con ellos donde acordaron una revisión minuciosa de más de 800 solicitudes de amnistía, las cuales, aseguró, cumplen con los estándares de control de convencionalidad de la Convención Americana de los Derechos Humanos y sus jurisprudencias, por lo cual un grupo de abogados expertos de esa comisión analizarían las opiniones consultivas solicitadas por la comisión especial de la Legislatura mexiquense.
Sin embargo, advirtió que de manera sorprendente Olvera renunció como ombudsperson, y en lo que calificó de un proceso fast track, dijo que Mirna Araceli García también renunció al Tribunal de Justicia Administrativa y de manera, opinó, impositiva, fue nombrada presidenta de la Codhem.
Durante los días que no hubo titular en esa comisión, reprochó, la Codhem con sede en Toluca envió sus solicitudes de amnistía a las delegaciones regionales de la entidad, sin notificarles, cuando desde su punto de vista esos organismos son "la carabina de ambrosio", pues nunca hacen nada y no tienen la capacidad para opinar sobre las solicitudes.
De hecho, dijo, las peticiones debieron enviarse a la Fiscalía General de Justicia.
Para Pérez Espinoza García Morón la nueva ombudsperson representa al grupo que no instaló el Sistema de Justicia, por lo cual no la reconocen como interlocutora en la Codhem.
