La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que la presa colapsada el pasado 3 de septiembre en Valle de Bravo, Estado de México, no contaba con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.
Por lo que procedió a clausurar obras y actividades de construcción del lago artificial en el predio particular ubicado en la comunidad de Los Álamos, Valle de Bravo.
Esta acción ambiental se dio gracias a la denuncia formal que realizó el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo (OCVBA), el pasado 13 de agosto del año en curso, en la que se hacía evidente la presunta falta de permisos de construcción de un lago artificial en esa zona.
De acuerdo con un comunicado emitido por el OCVBA, la Profepa atendió su denuncia informando que la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales asistió al lugar de los hechos denunciados el pasado 10 de septiembre encontrando que:
"La construcción de un lago artificial en una superficie aproximada de 8000 m2 (metros cuadrados), para el cual no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para obras dentro de Área Natural Protegida (ANP) y una superficie afectada en el bosque de aproximadamente 7 mil 500 m2” (sic).
Asimismo, la Profepa informó que el desagüe del lago causó el derrumbe o deslizamiento accidental del bordo de contención del lago, lo que provocó erosión en el suelo forestal y derrumbe de arbolado y vegetación secundaria, cancelando de manera inmediata toda actividad que se realice al interior de la presa artificial.
Dado este precedente, denunciado tres semanas antes de que la represa artificial colapsará y vertiera el agua contenida al caudal de río Molino, propiciando su desbordamiento y afectando 10 propiedades privadas de la zona, el OCVBA exhortó a la Profepa, Propaem, Comisión Nacional del Agua y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo a tomar acciones contundentes sobre otras obras anteriormente denunciadas por la misma asociación ambiental.
En las cuales, se presume, tampoco cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes, como el desarrollo Stupa Ranch que se construye en la zona del Capulín, en Avándaro.
Asimismo, pidieron la intervención de la autoridad para que se sancione a los responsables del daño ambiental ocasionado, y se les obligue a reparar los daños a las personas afectadas en sus casas y sembradíos debido al desbordamiento del río.