Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, pertenecientes al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), mostraron su inconformidad y desacuerdo, ante lo que denominaron inicuo ajuste a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos de la entidad y Municipios, ya que se verán afectados 100 mil profesionales de la educación.
A través de una carta pública, los docentes inconformes precisaron que se trató de una modificación al artículo 70, la cual se encuentra relacionada con un cambio al sistema de cálculo relativo a la actualización del monto anual de las pensiones, adoptando como referente el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y dejando a un lado el convenio de Sueldos y Prestaciones, a favor del personal activo, la cual entró en vigor el pasado 1 de febrero.
“Con la modificación, dejará de operar el incremento anual al monto de pensiones, logrado en el convenio de Sueldo y Prestaciones, a favor del personal activo. Lo mismo ocurrirá con el artículo 133, en donde se adopta la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar el monto de seguro por fallecimiento”, lamentaron.
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Por lo que, ante dicho panorama, 4 mil 571 delegados sindicales, así como toda la dirigencia, se manifestaron en contra de las reformas que la LXI Legislatura local realizó a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, que fueron publicadas en la Gaceta General de Gobierno del pasado 31 de enero del año en curso, ya que trastocan los intereses de sus afiliados activos, así como de los pensionados y pensionistas.
Añadieron que los cambios a la ley antes referida, les afectará sobremanera a mediano y largo plazo, tanto en lo relativo al incremento a la actualización anual del monto de las pensiones que perciben pensionados y pensionistas, así como en los recursos de Seguro por Fallecimiento que perciben en su caso los deudos.
“Con estas modificaciones a la ley, lesionarán nuestro estatus de vida personal y de nuestras familias, quienes después de nuestra vida profesional entregada a la labor educativa con entrega y compromiso, tenemos la necesidad de asegurar nuestra calidad de vida a partir de una estabilidad económica consciente y sustentable”, señalaron.
De esta manera, apelaron a la sensibilidad del Poder Legislativo, para considerar de manera empática, comprensiva y humanista, la generación de mecanismos o iniciativas que fortalezcan el poder adquisitivo de las pensiones, porque ninguna ley puede ser diseñada para perjudicar los derechos de los servidores públicos activos, pensionados y pensionistas.
Finalmente, informaron que se reservarán la utilización de los canales jurídicos adecuados, con el propósito de defender de manera legal, sus derechos que ahora se ven lesionados con el decreto de reforma, publicado en la Gaceta de Gobierno, del pasado 31 de enero.