Toluca, México.- El Ejecutivo mexiquense pidió autorización al Congreso para contratar financiamientos y contraer obligaciones por más de 43 mil millones de pesos, más IVA, a fin de construir dos Centros Penitenciarios de Reinserción social: uno en Otumba y otro en Ixtapaluca, a través de la figura de Asociación Público Privada (APP) y un proyecto carretero en la zona sur.
Ese último denominado “Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de mil 637.8 km, con residencia en Tejupilco, Ixtapan de la sal y Toluca”, se haría bajo el mismo esquema de APPs a 12 años por 13 mil 629 millones de pesos.
De acuerdo con las iniciativas del gobernador, Alfredo del Mazo, las primeras que llegan después del paquete fiscal, cada uno de los centros penitenciarios costaría 15 mil 11 millones de pesos más IVA a 25 años, de los cuales, los dos primeros serán para el periodo de inversión, y el resto, para la operación y mantenimiento.
Los recursos, en el caso de los penales, serán con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y el mecanismo financiero será al menos un 30% de capital de riesgo y máximo un 70% de financiamiento.
En todos los casos se propone que cada año el gobierno informe a la Legislatura el avance del desarrollo, aunque se prevé que podría solicitar información en cualquier momento y seguir todo el proceso.
Los montos deberán inscribirse en el registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios y en el registro de deuda pública y prevé que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) deberá fiscalizar todas las etapas del proceso de licitación pública y de ejecución del contrato.
Ambos penales serían para 2 mil internos
La Ley de APPs, aprobada en abril del año pasado, sustituye a los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y consiste en contratos a largo plazo con un inversionista privado encargado de financiar, desarrollar obras y prestar servicios. Esas APPs pueden usarse para el sector de comunicaciones, de salud, procuración y administración de justicia, seguridad, desarrollo urbano, redes de agua potable.