El grupo parlamentario de Morena propuso una Ley de Evaluación y Seguimiento al Trabajo Legislativo del Estado de México, enfocada a evaluar el trabajo legislativo de los diputados, su desempeño y el impacto de las leyes.
Además, este jueves la Legislatura exhortó a los 125 ayuntamientos a aceptar e implementar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia de género, en particular de la violencia feminicida y el feminicidio que implica realizar acciones y destinar presupuesto a prevenir la violencia; un diagnóstico en la materia y la revisión de la alerta de género.
El Congreso también exhortó a los municipios a que a la brevedad generen o actualicen su página web oficial para promover la transparencia, el acceso a la información pública y los gobiernos abiertos, y a que cumplan con el Reglamento de Tránsito; mientras Encuentro Social presentó una iniciativa para crear la Ley del Libre Ejercicio de la Actividad Periodística en la entidad.
El PAN planteó establecer que el Plan Estatal de Desarrollo Urbano se actualice cada seis años, y los planes regionales, municipales y parciales en la materia cada tres años y reformas al Código Civil estatal para evitar la alienación parental en la convivencia familiar.
El seguimiento a los legisladores
La propuesta de Morena para dar seguimiento al trabajo legislativo implica crear un mecanismo de evaluación a los legisladores a cargo del Instituto de Estudios Legislativos con indicadores para medir la productividad, eficiencia, eficacia, trasparencia y presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones sus informes a la Junta de Coordinación Política y a Comunicación Social.
El impacto de las leyes prevén medirlo a través de encuestas y estudios demoscópicos para conocer la efectividad de cada uno de los ordenamientos del marco jurídico vigente y su utilidad.
Los exhortos
El llamado a los municipios mexiquenses para que atiendan la recomendación de la CODHEM responde a que desde el 24 de octubre de 2018 ese organismo emitió recomendaciones al Ejecutivo, a los 125 ayuntamientos del Estado de México, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Sin embargo, solo la fiscalía y los ayuntamientos de Toluca, Tlalnepantla y San Mateo Atenco la aceptaron, por lo cual la Legislatura llamó al resto a hacer lo propio y a instrumentar acciones para prevenir y combatir la violencia.