El grupo parlamentario de Morena propuso una reforma al Código Penal para legalizar la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación, a fin de que las mujeres no sean criminalizadas y se garantice que tengan atención médica para practicarse un aborto seguro.
La iniciativa de las diputadas de Morena: Nancy Napoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, incluye ofrecer una educación integral sexual, facilitar el acceso de métodos anticonceptivos eficaces, campañas de prevención para difundir los derechos de las mujeres en materia de salud, derechos reproductivos y sexuales; así como el derecho a la privacidad y el derecho a decidir.
También prevé establecer un programa amplio de asesoría y acompañamiento a las mujeres y hombres, así como a las niñas, niños y adolescentes del Estado de México en cuanto al desarrollo de la vida, el desarrollo de las relaciones personales, la reproducción, las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de planificación familiar, el asesoramiento post-aborto, entre otras acciones.
La propuesta
De acuerdo con la iniciativa, la interrupción del embarazo realizada por profesionales de la salud capacitados y con equipo apropiado, técnica adecuada y estándares sanitarios es uno de los procedimientos médicos de menor riesgo, con una probabilidad de muerte no mayor al 1 por cada 100 mil procedimientos; por lo cual las legisladoras creen que se podrían salvar vidas de las mujeres y evitar costos de tratamientos por complicaciones prevenibles del aborto inseguro.
“En México, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte en las mujeres, lo cual implica que es una cuestión de salud pública, la desprotección que tienen las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen un acceso restringido o nulo a servicios públicos de calidad, tanto educativos como de salud es considerable y se debe de tomar en cuenta al momento de legislar en torno a esto”, señala la propuesta.
En nuestro país, explicó la diputada Nancy Nápoles, el aborto se realiza con frecuencia mediante prácticas clandestinas que constituyen un factor de riesgo.
Afirmó que estarán muy al pendiente de que la reforma pueda aprobarse lo más pronto posible y no se quede en la congeladora.
La propuesta es señalar en el Código Penal que se sancionará el aborto después de la décima segunda semana de gestación con penas de seis meses a un año de prisión o de cincuenta a doscientos días de multa, pero en atención a la capacidad económica podrán conmutarse los días multa por trabajo a favor de la comunidad.
Se prevé que las mujeres recibirán atención integral con perspectiva de género para lo cual, la autoridad que tenga conocimiento del hecho las canalizará a las unidades del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
Quien interrumpa el embarazo de una mujer sin su consentimiento, en cualquier momento de la gestación, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa. Si además mediare violencia física o moral, las penas podrían llegar a ocho años de prisión.
También se mantienen las causales por las que el aborto no se sancionará, entre ellas, por una acción culposa de las mujeres, por violación, cuando corra riesgo la vida de la mujer, o el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas.
El Sistema Estatal de Salud debería prestar el servicio de interrupción legal del embarazo en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de México, las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública de forma gratuita y en condiciones de calidad deberían dar acompañamiento psicológico y médico antes de la intervención y posterior, cuando la mujer interesada así lo solicite, aún si las mujeres tienen otro servicio de salud público y privado.