La bancada de Morena propuso expedir una Ley Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con la cual la privación de la vida de toda mujer sería investigada como probable feminicidio y estaría conformada por 73 artículos.
La diputada Azucena Cisneros Coss presentó la iniciativa que propone derogar el tipo penal de feminicidio, previsto en el Código Penal del Estado de México, y establecer que toda privación de la vida de una mujer, incluidas aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales, como suicidio y accidentes, deberían ser investigadas como probables feminicidios.
Azucena Cisneros señaló que aún cuando en 2014 se incorporó el feminicidio como tipo penal en el Código Penal del Estado de México, las cifras siguen aumentando y desde 2020 se ubica como la entidad con más feminicidios, pero solo el 23% de las muertes de mujeres son investigadas como esos delitos.
También, añadió, registra el mayor número de carpetas de investigación abiertas por violencia contra las mujeres, pues de enero a junio de este año se han iniciado 7 mil 945 carpetas por lesiones dolosas, 76 por feminicidio, 120 por homicidio doloso y 129 por homicidios culposos contra mujeres.
Lo anterior, abundó, implica que en la investigación por asesinato de mujeres no se exploran todas las líneas de investigación posibles que permitan obtener datos para el esclarecimiento de los hechos, por lo cual su propuesta ayudará a contar con nuevos marcos regulatorios, adecuar los criterios de interpretación judicial e impulsar políticas públicas que hagan frente a los feminicidios, como una situación de discriminación y violencia de género.
De acuerdo con la iniciativa, no se considerarían atenuantes del delito de feminicidio la emoción violenta, la ira, la provocación por parte de las víctimas, el honor, los celos, las creencias culturales, ni las costumbres contrarias a los derechos humanos.
Tampoco serían excluyente de responsabilidad circunstancias especiales o situaciones excepcionales, como la perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías.
Las víctimas directas e indirectas, así como las y los testigos, recibirían asistencia material, jurídica, médica y psicológica necesaria por las autoridades estatales en la materia.
Refirió que la investigación “Las Muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios” de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas muestra que los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios.
Del análisis de datos, añadió, se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un sub registro de homicidios de mujeres y reportaron menos crímenes de los que ocurrieron, como el Estado de México.
Las cifras reportadas al Inegi, precisó, señalan que entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, pero los informes sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31% menos.
La propuesta busca autorizar al Ministerio Público a utilizar cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que no contravengan los derechos humanos.