El grupo parlamentario del PAN propuso sancionar, hasta con seis años de prisión, a quienes por cualquier medio obliguen o condicionen a firmar documentos en blanco durante la contratación de una persona, o en cualquier momento de la relación laboral que implique la renuncia a sus derechos, a una sociedad, corporación, empresa, institución privada o pública.

También a quienes obliguen a firmar documentos que impongan obligaciones sin previo acuerdo, o busquen menoscabar o anular derechos.

El diputado José Antonio García alertó que en la actualidad persisten prácticas ilegales recurrentes que vulneran y menoscaban los derechos de las y los trabajadores, entre ellos, la condicionante, como requisito para ser admitidos en un centro de trabajo público o privado, de obligar a trabajadores a firmar una hoja en blanco.

Ese papel muchas veces es utilizado posteriormente como renuncia voluntaria y deja a sus empleados sin las prestaciones de ley que les corresponden, entre ellas: el pago de indemnizaciones o una liquidación adecuada, a pesar de que el trabajo es un derecho protegido y contemplado en la Constitución mexicana y en otras leyes secundarias.

Adicionalmente, añadió, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los despidos injustificados constituyen la tercera parte de los casos que llegan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el 60% corresponden a renuncias forzadas.

La Ley Federal del Trabajo ya establece en su artículo 48 bis, inciso C, la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco para la contratación de trabajadores, o en cualquier momento de la relación laboral, pero, de acuerdo con José Antonio García, no establece sanciones adecuadas, ni ejemplares para desincentivar esas prácticas ilegales y abusivas.

Por ello, añadió, especialistas mexicanos en materia laboral han señalado la necesidad de combatir esa práctica ilegal y vigente en el mercado laboral mexicano con sanciones más fuertes en la legislación mexicana para erradicarla.

El PAN plantea adicionar un artículo 167 bis al Código Penal mexiquense y sancionar hasta con seis años de prisión a quien obligue o condicione a firmar documentos en blanco, o aquellos que impliquen la renuncia de derechos, o impongan obligaciones sin previo acuerdo y busquen menoscabar o anular derechos, con el fin de proteger, salvaguardar y otorgar certeza jurídica a las y los trabajadores.

José Antonio García explicó que Tamaulipas y Coahuila son dos estados que ya avanzaron en su legislación penal, al establecer sanciones para esas prácticas abusivas, a las que recurren algunos patrones y transgreden los derechos de los trabajadores.

La iniciativa contempla también sancionar al representante o miembro de una persona jurídica, de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase que cometa ese delito con los medios que para tal objeto le proporcionen.