Toluca, México.- El grupo parlamentario del PRD presentó su propuesta para permitir la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de concepción en el Estado de México y garantizar que las mujeres que tomen esa decisión reciban una atención médica adecuada.
Los diputados Omar Ortega, Araceli Cassasola y Claudia González presentaron su iniciativa que implicas reformas al Código Penal y al Administrativo, pues advirtieron que desde el 2007 el aborto se despenalizó en la Ciudad de México.
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El tema, señaló Omar Ortega, está relacionado con un asunto de salud y con los derechos consagrados en la Constitución, pues a partir de que se legalizó la interrupción legal en la capital del país, en diez años se han registrado 184 mil interrupciones del embarazo en la capital del país, y de esos, 48 mil mujeres eran del estado de México, es decir, más del 25%.
Por ello, advirtió la necesidad de avanzar en el tema y aseguró que el PRD no está a favor del aborto, ni en contra de la vida, pero consideran necesario garantizar que la mujer decida sobre su cuerpo y no sean encarceladas, ni mueran por intentar abortar.
La propuesta
La iniciativa del PRD prevé establecer en el artículo 248 que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación y sancionar a quienes lo cometan después de ese tiempo.
Ortega explicó que su propuesta es mantener las cuatro causales que ya existen para interrumpir el embarazo, pues no pretenden eliminar el aborto, pero si dar atención adecuada a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas.
Con las reformas al Código Administrativo las instituciones públicas de salud tendrían la obligación de garantizar los servicios a la interrupción legal del embarazo y contar con prestadores de servicios de salud no objetores de conciencia.
Cuando la mujer decidiera practicarse la interrupción de su embarazo, la institución debería efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que fuera presentada la solicitud y satisfechos los requisitos.
Las instituciones de salud tendrían que proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud.
Nancy Nápoles de Morena precisó que muchas mujeres adolescentes y en pobreza van a la cárcel por falta de recursos para una interrupción legal y solo una entidad ha legislado al respecto, que es la ciudad de México, pero el 26 por ciento de los embarazos interrumpidos son de mujeres del estado de México.
También señaló que no se visibilizan los abortos clandestinos que se practican con dolor, falta de higiene y hay quienes mueren al practicarlo.
