El grupo parlamentario del PRD presentó su propuesta de Ley para el Reconocimiento y la Protección de los Periodistas del Estado de México que incluye la creación de un Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Colaboradores Periodísticos, medidas de prevención, de protección y urgentes de protección.
La propuesta es de un grupo de periodistas, pero el PRD decidió arroparla y presentarla como propia, con lo cual, ya son tres las iniciativas planteadas por las fracciones: una de Morena, otra del PAN y la del sol azteca.
A diferencia de las otras propuestas, está sería solo para periodistas y no para defensores de derechos humanos.
La iniciativa propone reconocer el ejercicio profesional del periodismo como una actividad de interés público que debe ser tutelada y protegida por el Estado y municipios; en tanto el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de las libertades para el acceso a la información de interés público.
Prevé los conceptos de agresión, de colaborador periodístico, el derecho a defender los derechos humanos, el estudio de evaluación, de acción inmediata, de evaluación de riesgo, un fondo de apoyo para la protección integral de los periodistas, e incluye los conceptos de libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, mecanismo, medidas de prevención, de protección, las urgentes de protección, medios periodísticos periodista, persona beneficiaria y peticionaria.
La propuesta señala que el periodista es una persona física que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o una actividad profesional remunerada, cuyo trabajo consiste en buscar, recabar, generar, procesar, analizar, jerarquizar, difundir, publicar o presentar información de manera clara, mediante el uso de cualquier medio impreso, radioeléctrico digital o imagen, sean públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole.
El mecanismo de protección integral de periodistas y colaboradores periodísticos sería un organismo público descentralizado del gobierno estatal encargado de proteger, promover y garantizar la seguridad de periodistas y colaboradores periodísticos y de fomentar las políticas públicas de capacitación y de coordinación en la materia.
Ese mecanismo sería integrado por un Consejo Consultivo y habría una Junta de Gobierno, como instancia máxima para la toma de decisiones, con resoluciones obligatorias, la cual incluiría a representantes de dependencias estatales, de organismos autónomos, del Poder Legislativo y del gremio periodístico.
También habría una Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida para evaluar los riesgos y la posibilidad de ofrecer protección, así como una Unidad de Evaluación de Riesgos, encargada de recibir las solicitudes de incorporación al mecanismo, de elaborar un estudio y determinar las medidas de protección, un plan de protección integral, entre otras cosas.
Mientras las medidas preventivas incluyen instructivos, manuales, cursos de autoprotección, acompañamiento de observadores, actos de reconocimiento de la labor de periodistas; las medidas urgentes contemplan evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección.
Las medidas de protección incluyen números telefónicos de mandos de corporaciones policiales, un número exclusivo enlazado al C- 4, código de visita domiciliaria de la Secretaría de Seguridad, documentación de agresiones o incidentes de seguridad, acompañamiento y asesoría, protocolos de seguridad, escoltas, entrega de celular, radio rastreo, instalación de cámaras, puertas, cerraduras, chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, atención psicosocial y atendiendo a la gravedad considerar el apoyo de hospedaje, vivienda, alimentación para la persona beneficiaria.
La iniciativa también contempla la obligación de garantizar un entorno libre y seguro a cargo del Estado para que los periodistas puedan realizar su trabajo de forma independiente y como derechos de las y los periodistas contempla el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a la información, a la reparación integral del daño.
También prevé el derecho de réplica y contrarréplica, el derecho a la seguridad, la capacitación a periodistas y colaboradores y la creación de un fondo hasta con el 3% del gasto anual total en comunicación social, el cual estaría enfocado a impartir programas académicos de formación continua dirigido a periodistas y colaboradores periodísticos.
La propuesta es que el fondo también vaya a mejorar las medidas preventivas de protección y protección urgente y estaría a cargo de un fideicomiso público. Los recursos se integrarían por aportaciones del gobierno estatal, recursos independientes que pudiera destinar el gobierno, donativos y aportaciones de personas físicas o morales, bienes muebles e inmuebles y se manejaría a través de un fideicomiso.
