Los diputados del Partido Verde Ecologista propusieron incluir en el Código Penal del Estado de México “la castración química” para violadores, es decir: un procedimiento médico que implica la inyección de antiandrógenos para reducir la cantidad de testosterona y disminuir el deseo sexual.
También plantearon aumentar las penas por violación, a fin de que se sancione con penas de 15 a 30 años y no de 10 a 20 años, como señala actualmente esa norma, y en los casos de violación por parte de dos o más personas, o donde le causen la muerte a la víctima las penalidades irían de 50 a 70 años, cuando en este momento van de 40 a 70 años.
El coordinador del PVEM, José Couttolenc explicó que en caso de reincidencia vendría el aumento de las penas privativas de libertad y las pecuniarias, a efecto de frenar los altos índices del delito, aunque también admitió que no basta con aumentar las penas, hay que ir a las causas.
La iniciativa
La propuesta prevé incluir en el artículo 22 del Código Penal estatal como pena y medida de seguridad el Tratamiento de Inhibición Sexual, el cual consistiría en la aplicación de medidas de naturaleza psicoterapéutica, psicológica, psiquiátrica o reeducativa, con perspectiva de género y aplicaría a quienes violen a menores, a discapacitados, a adultos mayores, sean reincidentes o abusen de sus esposas, hijos, hermanos, pupilos, hijastros concubinas, o cuando lo cometan quienes hayan tenido relación con las víctimas por motivos laborales, domésticos o lo que impliquen subordinación.
En el artículo 56 Ter se propone señalar que el tratamiento de inhibición sexual consistiría en el método a través del cual se aplicarían los fármacos idóneos para inhibir la producción de testosterona, a efecto de disminuir el deseo sexual, además de evitar la erección y la eyaculación.
“El tratamiento de inhibición sexual se aplicará en los casos señalados por este Código; se realizará bajo los lineamientos emitidos por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; y por la normatividad respectiva del Centro Preventivo y de Readaptación Social especifico; y únicamente podrá aplicarse por el personal médico que autorice el establecimiento de internación”, precisa la iniciativa.
La propuesta del PVEM busca aumentar las penalidades en prácticamente todos los casos de violación, de tal forma que cuando participen dos o más personas se impondrían de 50 a 70 años de prisión; si lo comete uno de los cónyuges, padres, hermano, tutor, padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia, además de las sanciones se impondrían de cinco a 15 años de prisión, el tratamiento de inhibición sexual y la pérdida de la patria potestad o la tutela.
Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión utilizando los vehículos oficiales, circunstancias o cualquier medio además de las sanciones previstas se aumentaría la pena hasta en una mitad, aunado al tratamiento de inhibición sexual; sería destituido del cargo o empleo o suspendido hasta por 15 años en el ejercicio de su profesión.
Si por el delito de violación se causa la muerte, se impondrían de 50 a 70 años de prisión o prisión vitalicia; si fuera menor de 15 años o mayor de 60 años la pena sería de 30 a 50 años de prisión o prisión vitalicia y el tratamiento de inhibición sexual y si el ofendido tiene alguna discapacidad, que limite las actividades de su vida diaria e impida su desarrollo individual y social, se impondrán de 30 a 50 años de prisión; así como el tratamiento de inhibición sexual.
Alto índice de delitos sexuales
Advirtió que los delitos que se cometen contra la libertad y seguridad sexual son alarmantes en nuestro país, pues de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2018 hubo un incremento del 34% en el número absoluto de delitos contra la libertad y la seguridad sexual.
Mientras en 2015 se registraron 31 mil 170 casos, para 2018 sumaron 41 mil 955 carpetas de investigación iniciadas por estos tipos de delitos y entre enero y septiembre del 2019, fueron 38 mil 357 carpetas de investigación, lo cual implica un promedio de cuatro mil 265 casos por mes; un promedio de seis carpetas de investigación por hora, o un caso cada 10 minutos.
Sin embargo, advirtió que existe una alta cifra negra en este tipo de delitos, pues muchas veces las víctimas son amenazadas, revictimizadas por la autoridad o ante la violencia sistemática, el miedo o hasta la vergüenza les impide denunciar.
