Ya basta del abuso a menores en el Estado de México, afirmó en conferencia de prensa la diputada María Luisa Mendoza quien convocó a las fuerzas políticas a que se sumen a esta exigencia de castigar con la máxima penalidad a quienes abusan de la confianza de las y los menores, además de subrayar que su grupo legislativo ha impulsado iniciativas para que las escuelas de educación básica cuenten con atención en materia de psicología. ‘No podemos seguir con jóvenes lastimados que después llegan al suicidio o a una incapacidad’, afirmó.
La diputada Claudia Morales afirmó que el incremento en la violencia sexual evidencia la ineficiencia del sistema de justicia y señaló que en México el acoso y abuso sexual infantil pasó de 80 casos en 2020 a 477 en 2021, lo que significa un aumento de 496 por ciento con una nivel de impunidad de 90 por ciento.
Acompañada de José Alberto Couttolenc Buentello, secretario general del PVEM, la legisladora indicó que en el primer semestre de 2022 ya suman 113 casos, de los cuales 38.6 por ciento ocurren en el Estado de México, entidad con el mayor registro de casos, sin considerar los delitos que no son denunciados por falta de apoyo familiar, miedo al abusador o revictimización.
Explicó que proponen reformas al Código Penal estatal para incrementar las penas por abuso sexual que pasarían de cuatro a 10 años de prisión, y cuando el delito sea cometido contra un menor y exista parentesco, habite en el mismo domicilio o tenga alguna relación por motivos domésticos, escolares, deportivos, culturales, recreativos, médicos, religiosos, que impliquen confianza o subordinación, las penas irán de 12 hasta los 25 años de prisión.
Cuando el delito de violación sea cometido por una persona con la que la víctima tenga alguna relación de parentesco se deberá imponer prisión vitalicia. Se busca, dijo, que las y los agresores sexuales nunca más vuelvan a sentirse seguros, con una sanción ejemplar y suficiente en proporción al daño físico y psicológico ocasionado.