Ante las denuncias de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), por casos de acoso sexual, los diputados del PAN propusieron la creación del Centro de Atención Integral a la Mujer Universitaria que atienda denuncias, oriente, capacite e impulse acciones para garantizar la seguridad de las mujeres universitarias.
En tanto, Morena planteó reformar la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para hacer uso de un lenguaje incluyente y no sexista.
La iniciativa del coordinador panista Anuar Azar busca crear un centro de atención a las universitarias mexiquenses, con expertos en materia de género, encargados de diseñar políticas estudiantiles y académicas y de atender gestiones ante los órganos de Gobierno de la universidad, pues aun cuando en estos momentos existen protocolos, carecen de especialistas para operarlos y para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual.
Azar advirtió que la entidad mexiquense es una de las más peligrosas del país, el contexto de violencia ha impactado en la UAEM y las recientes denuncias de hostigamiento y acoso en contra de las universitarias son evidencia de que falta reforzar las acciones legislativas que permitan generar confianza en la comunidad universitaria, a través de dependencias administrativas eficientes que logren prevenir y sancionar esos actos.
Su propuesta busca modificar el artículo 24, adicionar el título sexto del Centro de Atención Integral a la Mujer Universitaria y ajustes a los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de la UAEM.
Ese nuevo centro, que plantea el PAN, propondría e impulsaría políticas al interior de la Universidad para la prevención de cualquier forma de violencia contra las universitarias, así como la atención en todos los aspectos de su formación personal y profesional.
Además, mantendría coordinación y contacto con las distintas instituciones estatales y organismos de la sociedad civil, con el fin de definir y aplicar las políticas públicas en materia de atención a cualquier tipo de violencia.
El centro trabajaría bajo principios como: igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no-discriminación, libertad de las mujeres, defensa y promoción de los derechos humanos, la protección de la integridad física y psicológica de las alumnas y académicas universitarias, la confidencialidad ante cualquier denuncia.
También ofrecería información y orientación para las universitarias en situación de violencia, que les facilite la libre toma de decisiones, calidez y respeto del personal del Centro para el cumplimiento de los procedimientos.
Entre los objetivos de ese centro destacan: recopilar y analizar información a nivel estatal, y dentro de organismos académicos, centros universitarios, escuelas preparatorias que permita tener un panorama sobre la situación de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres para la eficiente toma de decisiones que optimice la prevención y atención de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres universitarias.
Además, difundiría información en torno a las formas en que se manifiesta la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, factores de riesgo y efectos en la salud individual, familiar, comunitaria y social a la población universitaria; se promoverían y gestionarían recursos para infraestructura que garantice una mayor seguridad de las universitarias en todos los planteles.
Obligaría a capacitar al personal académico y personal administrativo en el aprovechamiento óptimo de oportunidades para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres universitarias, así como a implementar protocolos específicos y la amplia referencia a instancias adecuadas para la asesoría, apoyo y seguimiento; así como a diseñar estrategias y mecanismos para capacitar al personal académico y administrativo para la detección y atención de casos de violencia.
Asimismo, podría establecer convenios con instancias estatales para la óptima detección y atención a mujeres universitarias en su entorno social, familiar, personal y profesional, promover en conjunto con la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad la incorporación en las currículas universitarias de temas sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
De igual forma, coordinar acciones para la colaboración interinstitucional de los sectores de salud, educación, justicia y bienestar social de la entidad a favor de la comunidad de mujeres de la Universidad.
El líder de la bancada del PAN admitió que la universidad cuenta con una Coordinación Institucional de Equidad de Género que debe ser fortalecida y coordinarse con nuevas instancias de protección y atención a la mujer universitaria.
En el año 2018, explicó, la Universidad tenía 84 mil 506 alumnos, de los cuales 47 mil 974 son mujeres y en la parte académica el 50% del personal son mujeres, por lo cual, ambas conforman el 55% de la comunidad universitaria.
En tanto, la diputada Berenice Medrano Rosas de Morena propuso ajustes a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para hacer uso de un lenguaje incluyente y no sexista.
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