La Junta de Coordinación Política en la Legislatura local propuso desaparecer el Comité de Valoración Salarial en la entidad, integrado por académicos, que cada año emiten recomendaciones de límites salariales a todos los funcionarios del Estado de México.
Los diputados proponen que sea la comisión legislativa de Gasto Público la encargada de ese trabajo, al tener atribuciones de formular opiniones o recomendaciones, con apoyo del Órgano Superior de Fiscalización.
El Consejo Consultivo de Valoración Salarial fue creado en la LV Legislatura mexiquense y se integra por siete consejeros propietarios y tres suplentes, designados por la Legislatura, por mayoría calificada de los diputados presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, entre representantes de los sectores académico, empresarial y social del Estado de México.
Los coordinadores parlamentarios aseguran que aun cuando los cargos son honoríficos, su trabajo implica gastos que pueden abatirse al eliminar ese órgano y que sea la comisión legislativa de Gasto Público la encargada de esa tarea.
La propuesta prevé que a partir de bases técnicas, reglas y parámetros objetivos y diferenciados esa comisión legislativa podrá formular opiniones y/o recomendaciones sobre la remuneración que debe corresponder a cada uno de los servidores públicos del Estado de México y sus municipios.
Las propuestas de límites salariales las haría, la comisión, del conocimiento de la Legislatura, para su posterior publicación en la “Gaceta del Gobierno”, a fin de que fueran consideradas al discutir el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, y para la formulación de recomendaciones a los municipios.
Las recomendaciones, de acuerdo con la ley, deben determinarse considerando diversos factores como: la población, los recursos económicos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos.
La determinación de las remuneraciones de los servidores públicos busca garantizar la eficacia, eficiencia, honestidad y productividad en el desempeño de sus funciones.
Hasta ahora, no todos han respetado las recomendaciones de ese consejo, pues ni los magistrados del Poder Judicial, ni algunos alcaldes se han ajustado al tabulador de salarios que este año se mantuvo intacto, pues la petición fue no aumentar los sueldos.