Morena busca establecer nuevas reglas para la comunicación social en el Estado de México, a fin de garantizar que el gasto en esa materia se ejerza con austeridad, congruencia, racionalidad, eficiencia, honradez e imparcialidad; se transparenten las contrataciones, se respeten los topes presupuestales y ese dinero no influya en la equidad durante los procesos electorales.

Ese grupo parlamentario propone diversas reformas y una Ley de Comunicación Social para el Estado de México, a efecto de limitar el contenido en las campañas de comunicación social de los entes públicos, y entre otras cosas, prohibir que las campañas destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de servidores públicos, así como prohibir la discriminación, el sexismo, el machismo o la incitación a la violencia.

La iniciativa de la diputada de Morena Anaís Burgos, presidenta del Comité de Comunicación Social, plantea que las campañas de comunicación social incluyan de manera visible que los programas son ajenos a partidos políticos y la prohibición de su uso para fines diferentes a los establecidos, a fin de desvincularlos de personas y partidos, y la obligación de impulsar campañas en formatos accesibles para personas con discapacidad.

Con esta propuesta se crearía una Unidad Administradora dependiente de la Secretaría General de Gobierno para dar seguimiento a los esfuerzos comunicacionales de cada ente público o dependencia.

La diputada Anaís Burgos advirtió que ante la pandemia provocada por el Covid-19 es necesario instrumentar medidas de austeridad en el gasto público, evitar gastos superfluos e innecesarios y que los informes anuales y los mensajes para darlos a conocer se limiten a una vez por año y con políticas de austeridad y eficiencia.

Con el fin de buscar un mejor control de los recursos, los entes públicos tendrían que elaborar un programa anual de comunicación social que incluya campañas a difundirse donde se podrán destacar acciones y logros y estimular acciones de la ciudadanía.

Asimismo se plantea crear el Sistema Público de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de la Contraloría alimentado por información de todos los entes, un padrón de medios de comunicación; así como reformas a la Ley de Fiscalización Superior para que el dinero destinado a comunicación social sea revisado y fiscalizado.

Se propone facultar al Comité de Comunicación Social del Congreso local para recibir un informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales de los tres poderes, la relación anual de programas y campañas de comunicación, la programación de erogaciones y se prevén sanciones por acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad.

La propuesta de nueva Ley de Comunicación Social establece cómo deberían ser las campañas de comunicación: con la prohibición de destacar nombres e imágenes, voces o símbolos de servidores públicos, ni incluir mensajes discriminatorios.

Tampoco podrán implicar juicios morales, ni ataques a la privacidad, considera la posibilidad de tener tiempos oficiales y establece que todos los entes deben presentar su estrategia y programa anual correspondiente con una cronología de la difusión de sus campañas con objetivos y metas, con la posibilidad de emitir mensajes extraordinarios en una situación de carácter emergente o coyuntural.

La iniciativa señala la obligación de los medios de comunicación de inscribirse en el padrón estatal cuando pretendan participar en la contratación de comunicación, mientras los entes públicos deberán dar a conocer los montos destinados a comunicación social y desglosar las contrataciones, además de incorporar un informe semestral sobre su gasto en publicidad oficial.

La propuesta también implica que sería una violación a la norma difundir campañas de comunicación social violatorias de los principios señalados en la norma, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales y el incumplimiento a las disposiciones.

La presidenta del Comité de Comunicación Social recordó que en el año 2018 se expidió la Ley General de Comunicación Social que obliga a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico en la materia.