El Congreso recibió la iniciativa que plantea la creación de una figura denominada “testigo idóneo” que verifique los casos en que a una persona automovilista le sea retenido su vehículo y remitido al corralón, a fin de evitar que sea víctima de las malas prácticas en que incurren los prestadores del servicio de guarda de los automotores, como daños al vehículo y tarifas abusivas.
La iniciativa de reforma al Código Administrativo, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expone la necesidad de regular este servicio con mayor claridad, pues si bien la legislación actual señala que el servicio es de carácter estatal, en la entidad se cuenta con cerca de 250 corralones, muchos de los cuales operan al margen de la norma.
Con esta propuesta se busca regular con mayor precisión los servicios proporcionados por los dueños de corralones, prevenir abusos en el cobro de tarifas y garantizar el patrimonio del afectado, pues es sabido que el ingreso de un auto a estos centros genera incertidumbre sobre su cuidado. En este marco, el testigo idóneo, una persona de confianza del afectado, podrá estar presente durante el levantamiento del auto y el registro de inventario al ingresarlo.
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Promueven trabajo comunitario como alternativa a penas privativas de la libertad
La Asamblea plenaria también recibió una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con la finalidad de promover el trabajo en favor de la comunidad como medida alternativa a las penas privativas de la libertad o de sanción económica.
La propuesta, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, destaca que la pena debe responder en cuanto a proporcionalidad no sólo al tenor de la duración de la pena, sino a la naturaleza de su ejecución, por lo que el trabajo en favor de la comunidad, no únicamente reivindica el sentido de pertenencia del infractor evitando posibles reincidencias, sino que puede resarcir al Estado y a la ciudadanía el gasto que constituye la movilización de sus cuerpos y agentes de seguridad a través del trabajo digno y socialmente útil.
Asimismo, a través de reformas a la Ley del Adulto Mayor estatal, en el Congreso mexiquense se propuso que en cada edificio público del gobierno del Estado de México y de los gobiernos municipales exista una oficina donde se brinde asesoría e información sobre los derechos a las personas adultas mayores y se les facilite una guía para generar sus trámites físicos y digitales.
La iniciativa, que estudiará la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, resalta que con esta reforma se brindará la posibilidad de apoyar a la población y se permitirá diseñar mejores políticas públicas que contengan acciones que involucren a toda la comunidad, al sistema de salud, escuelas, la academia, el sector productivo e industrial y autoridades, para lograr brindar un mejor servicio público para este grupo vulnerable.
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