Familiares y activistas protestaron este día afuera de al menos siete centros penitenciarios mexiquenses para exigir a las autoridades estatales tomar las medidas necesarias para evitar contagios del Covid-19 y atender a quienes están enfermos de hepatitis y otros padecimientos.

También urgieron a realizar una revisión, por parte de las autoridades, para que quienes tienen derecho a obtener beneficios puedan salir en libertad, pues de acuerdo con el activista, Humbertus Pérez Espinoza, unos 13 mil internos ya deberían haber dejado las cárceles del estado de México, es decir, el 40% de los 29 mil que en estos momentos están en prisión.

Llamaron a aplicar el Plan DN-III, a fin de que médicos militares acudan a dar servicio a los penales y permitir que representantes de las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional revisen esos espacios para garantizar que cuenten con lo necesario para atender la emergencia sanitaria.

Recordó que después de que denunció que en los penales hay enfermedades como: hepatitis, sarampión y lepra de la cárcel, la Secretaría de Seguridad estatal lo negó, pero este viernes aceptó que había unos 15 casos de hepatitis en Tlalnepantla y Ecatepec, a través de un comunicado, y sospechas de Covid-19 en Cuautitlán.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) a través de la visitaduría general de Supervisión Penitenciaria realizó una diligencia en el Centro Penitenciario de Reinserción Social (CPRS) de Cuautitlán México, donde corroboró que la autoridad penitenciaria aplicó las directrices establecidas por el Consejo General de Salubridad para evitar contagios de Coronavirus Covid-19.

En penales como Chiconautla, varias personas comenzaron a repartir copias de una nota periodística de El Sol de Toluca, donde familiares e integrantes del Comité de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos denuncian la falta de medicamentos y de políticas de salud para los penales, sin que se presentara algún incidente.

La protesta fue informativa para dar cuenta de las carencias de los penales, advertir que hay miles presos que deben quedar en libertad y pedir revisiones a esos centros.

La protesta

Aun cuando se había anunciado que las protestas se realizarían desde muy temprano, se efectuaron después del mediodía en los centros penitenciarios de: Barrientos, en Tlalnepantla; Chiconautla en Ecatepec, Neza Bordo en Nezahualcóyotl, Huitzilingo en Chalco, Molino de Flores en Texcoco, Tepachico en Otumba y Zumpango.

Humbertus Pérez, desde Barrientos, advirtió que en estos momentos los penales están saturados por deficiencias, como: la falta de revisión de expedientes y de voluntad, pues hay quienes han cumplido el 50 y hasta el 70% de su sentencia, por lo cual ya deberían tener beneficios y ser preliberados.

Pérez Espinoza señaló la necesidad de una reunión urgente del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, el Ejecutivo y el Poder Legislativo mexiquense para revisar los casos donde por ley los internos ya pueden alcanzar su libertad inmediata, pero que no se las han dado por diversas deficiencias como: falta de brazaletes.

Urgió a realizar un proceso de despresurización, pues advirtió que los gobiernos anteriores no estructuraron las medidas para salir a través de ese y otros esquemas, y en una “verdadera violación a los derechos” de las personas privadas de su libertad, afirmó, no se ha atendido la ley para ver quiénes tienen beneficios y dejarlos en libertad.

“Hay internos con años sin sentencia que ya deben tener beneficios como la prelibertad, pero los anteriores gobiernos no instalaron el sistema de suspensión provisional del proceso”.

Además, dijo, viene el tema del indulto, anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, donde varios internos podrían salir beneficiados.

Sobre las enfermedades dijo que aun cuando las autoridades las negaron, después de su denncia, ya aceptaron que hay hepatitis, y él tiene varias quejas; por lo cual, es necesario garantizar la atención de los enfermos.

Este viernes, en su cuenta de Twitter la secretaria de Seguridad afirmó que la Subsecretaría de Control Penitenciario le informó que no existía ningún brote epidemiológico, pero horas después, la dependencia que encabeza publicó un boletín donde dio cuenta de que habían encontrado 15 casos de hepatitis en Ecatepec y Tlalnepantla. También advirtió 23 casos sospechosos de Covid-19 en Cuautitlán.

Pérez Espinoza dijo que en los penales no hay medicamentos, ni lo básico para atender enfermedades como fiebre de los internos del estado de México y del país y pidió aplicar el plan DN-III para que los médicos militares puedan acudir a los centros penitenciarios.

También solicitó que las autoridades permitan a las comisiones de los Derechos Humanos estatal y nacional revisar las instalaciones de esos lugares: camas, medicinas, los casos de gente que no debería estar presa y de quienes llevan años sin sentencias.

Las manifestaciones de información, advirtió, se hicieron porque los familiares de los internos tienen que salir de sus casas y se enfrentan a la incertidumbre de que los penales no tienen lo suficiente para atender el Covid-19.

Refirió que ellos, como Comité de Presunción de Inocencia, lograron que se colocaran 180 brazaletes, ganaron un amparo colectivo y apelaciones con las que 10 personas salieron, con lo cual, en total, quitaron unos 230 años de prisión a distintas personas.

Sin embargo, insistió en que 13 mil personas ya no deberían estar presas, pues tienen, de acuerdo con la ley, la posibilidad de ser preliberadas.