La realización de pruebas Covid-19 se ha convertido en un negocio para unas cuantas compañías privadas del valle de Toluca pues, a pesar de que organismos laborales y empresariales han destacado la necesidad de que se realicen de manera gratuita, en la realidad se encuentran fuera del alcance económico de miles de trabajadores.
Tal es el caso de Fernando Romero, para quien dicho procedimiento ha resultado un calvario en las últimas semanas debido a que no ha podido regresar a laborar hasta que su prueba PCR del Covid-19 de negativo, ya que es un requisito que exigen los empresarios para reincorporarse a su actividad y cuidar al personal.
“La realidad es que estas pruebas son sumamente caras para alguien que obtiene un salario mínimo, además de que no me han permitido laborar. Al realizar la cotización la más económica es de la empresa Salud Digna, cuyo costo es de 950 pesos, pero existen otras más caras que llegan hasta los 3 mil 195”, expresó.
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Los problemas para Fernando comenzaron el pasado 31 de agosto cuando presentó síntomas como cuerpo cortado, tos y dolor de cabeza; sin embargo, el médico particular con el que acudió inicialmente le diagnosticó faringitis aguda en lugar de Covid-19.
“Al principio no acudí al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la desconfianza que se ha generado sobre este organismo público de salud, y ahora que deseo que me realicen la prueba gratuita me dicen que no es posible porque no presento síntomas de la enfermedad”, aseveró.
Costos excesivos
El empresario con el que labora Fernando le solicita una prueba negativa de este padecimiento (lo cual es válido), pero no le están cubriendo su sueldo y ya casi son dos meses en esta dura condición.
“Los empresarios me pagaron la primera prueba de 950 pesos, pero el laboratorio en donde me la realicé mañosamente me cobró una prueba previa de 160 pesos, sin aclararme que no sería válida, puesto que no es de PCR”, externó.
Ahora las instituciones públicas de salud se niegan a realizarle el procedimiento argumentando que no tienen suficientes pruebas porque están priorizando a quienes llevan síntomas.
Por su parte, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), Laura González Hernández pidió tomar en consideración que las únicas compañías que cuentan con los recursos económicos para realizar pruebas Covid-19 son las grandes, pero únicamente representan el 0.2% del total estatal.
“Los empresarios sí quisiéramos pagar estas pruebas de coronavirus, sin embargo, el tema económico se encuentra muy golpeado, y la mayor parte de los negocios apenas están en su parte de reactivación”, apuntó.
