Los gobiernos deben prever mecanismos o procedimientos adecuados, ágiles, gratuitos y eficaces para hacer efectivo el derecho de autodeterminación informativa y otros más, advirtió Nelson Remolina Angarita, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Al dictar una conferencia magistral sobre la Importancia de la tutela de los Derechos Digitales y la Regulación de la Inteligencia Artificial refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del año pasado, reconoció como derecho autónomo el derecho a la autodeterminación informativa, y eso genera obligaciones en los estados que tienen que ver con acceso a la información, labores de inteligencia, protección de datos, toma de fotos, bases de datos y otras.
De acuerdo con el INAI, la autodeterminación informativa es el derecho de las personas para decidir, de manera libre e informada, sobre el uso de su información personal e incluye la privacidad digital y la protección de datos personales para determinar lo que se puede saber sobre su vida personal.
El especialista participó en el Congreso Internacional Escenarios futuros del Acceso a la Información, la Protección de Datos y la Rendición de Cuenta, donde también señaló que ahora se busca que la Inteligencia Artificial sea confiable, con un adecuado uso y tratamiento de los datos.
Recomendó a los estados promover la transparencia en los proyectos de inteligencia artificial, incorporar en las regulaciones la transparencia y la explicabilidad como derechos, como parte del derecho de defensa de alguien que pueda ser afectado por una herramienta de inteligencia artificial; así como impulsar la educación, facilitar y apoyar la alfabetización digital para que la ciudadanía conozca el tema y sean protectores de sus derechos.
La digitalización, dijo, tiene implicaciones profundas y transformadoras para las sociedades y economías, entre ellas, un inmenso potencial para contribuir a la prosperidad económica, social, inclusiva al bienestar y a la sostenibilidad, pero también presenta desafíos, riesgos y daños potenciales significativos.
Por ello, advirtió, se requiere aprovechar las oportunidades, mitigar los riesgos que presenta la aceleración de la transformación digital y eso es responsabilidad de los gobiernos, pero si no se hace bien puede haber algo que se utilice en contra de los seres humanos.
La sentencia de la Corte Interamericana, dijo, será un referente en materia de protección de datos, pues empezar a hablar de autodeterminación informativa es un primer paso para el debido tratamiento de datos personales.
La CIDH, añadió, refiere que la efectividad del derecho a la autodeterminación informativa exige que los estados prevean mecanismos o procedimientos adecuados ágiles gratuitos y eficaces para que los derechos no queden en el papel; sino que se lleven a la práctica y se materialicen.
También que existan mecanismos para dar trámite y atender, por parte de las autoridades que administran los datos, o por otra institución competente en materia de protección de datos personales, o de supervisión.
Cuestionó si hay bases de datos o basureros de datos y si la información que se ofrece es de calidad, pues tener sistemas de calidad de información es un gran reto.
Para que la inteligencia artificial sea confiable, agregó, no sólo se requiere fortaleza tecnológica, supervisión humana, sino una debida recolección de datos y transparencia para hacer saber que las decisiones se toman con IA, proporcionar explicaciones en lenguaje claro y comprensible.
También advertir la necesidad de velar por un nivel adecuado de transparencia en el uso de algoritmos e inteligencia artificial y que las personas estén informadas y capacitadas para utilizarlos cuando interactúan con ellos.
Remolina Angarita precisó que se busca hacer pública y transparente la inteligencia artificial y se requiere trabajar mucho con diseñadores de herramientas de inteligencia artificial y tener sistemas con información de calidad.
