Este viernes, la organización civil “Presunción de Inocencia y Derecho Humanos” ratificó en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) una queja motivada por constantes violaciones en lo derechos de seis Personas Privadas de su Libertad (PPLs) en el penal de Chiconautla.
En ese sentido se detalló que esas faltas corresponden a varias acciones como traslados injustificados y sin seguridad, indicó en conferencia de prensa el activista José Humbertus Pérez Espinoza quien, acompañado de familiares de los PPLs afectados y coordinadoras del movimiento pidieron detener ese tipo de actos y la aplicación de la ley.
El también fundador de esa organización señaló que la autoridad competente se ha negado a otorgar el número de reclusos que pudieran recibir el beneficio de la Ley de Amnistía del Estado de México.
- Por si no lo viste | ¿Cuánto cuesta hacer un trámite de amnistía en el Edomex?
“Es o menos el 40% de la población penitenciaria del Estado de México que tiene beneficio más de 13 mil internos que no los quieren dejar libres y empezamos con esa lucha y tuvimos diferencias con el Subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel y con el director de los penales”. Sin embargo, la situación se agudizo con el asesinato del hijo de Marisol Arriaga quien forma parte de esa organización.
“A raíz de la persecución el 5 de agosto nos enteramos que los principales fundadores de Presunción de Inocencia conmigo en la prisión Alberto Vázquez Guzmán, fue trasladado de manera injustificada porque no hubo resolución de un Juez de Ejecución”.
Detalló que el traslado se hizo a un penal de Texcoco en donde se mantuvo aislado por lo que “Ahora es sometido en una zona de la población en donde no se le permite dormir en un cama, sino en el suelo, después del 3 agosto al 1 de septiembre casi un mes después trasladan a los cinco hijos de las cinco coordinadoras del movimiento”.
- También puedes leer | Exhiben corrupción al interior de los penales; se incrementó con la Ley de Amnistía
Expresó que el traslado fue injustificado y los conflictos iniciaron desde que se dio la lucha por el Covid-19 al interior de los penales, luego de darse a conocer la primera muerte por esa causa en el sistema penitenciario mexiquense. En ese sentido, recordó que el recluso Alberto N., fue totalmente perseguido e intimidado por las autoridades penitenciarias. No obstante, con el avance de la Ley de Amnistía se generaron más inconformidades.
Esto por algunos internos pudieran ser candidatos a los beneficios de dicha legislación, pero las autoridades se han negado a otorgar la cantidad de personas en esa situación, reiteró.
En el documento se hace hincapié que los traslados han sido injustificados y la autoridad penitenciaria ha argumentado que es una decisión administrativa. No obstante, se debió otorgar seguridad, ya que ponen en riesgo la estabilidad del centro de reclusión.
Dicha conducta la califican de discriminatoria, de persecución y sometimiento. Los PPLs en esa situación son: Alberto, José Eduardo, César Antonio, Jorge Luis, Jorge Iván y José Reynaldo N.