Integrantes del comité para la Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes, realizaron una asamblea informativa en la capital mexiquense para dar detalles de dicho ejercicio que se realizará el próximo 1 de agosto en todo el país.
Los ciudadanos que impulsan este proceso democrático se reunión en la Alameda Central, donde informaron que la consulta tiene gran relevancia y será un ejercicio ciudadano histórico.
Destacaron que la importancia radica en que no será una votación representativa, sino participativa.
Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y coordinador de la Consulta Popular, señaló que se espera que al menos 37 millones de mexicanos salgan a votar el 1 de agosto.
Asimismo, destacó que dicho ejercicio sería el inicio para erradicar la impunidad en el país.
En la asamblea se explicó que no se tratará de un proceso en el que se elija a algún actor político para un cargo público, y que la consulta es solo un ejercicio de opinión.
El proceso de participación fue diseñado para que solo exista una pregunta con dos opciones de respuesta en la boleta.
"Solo aparecerán dos respuestas: el sí y el no, porque solo se pedirá una opinión", explicaron los integrantes de la Consulta Popular durante la asamblea.
Para el ejercicio democrático, el Instituto Nacional Electoral tendrá que inscribir observadores ciudadanos, al igual que en los procesos electorales habituales.
Los ciudadanos interesados pueden inscribirse en la plataforma digital del INE y el único requisito es ser ciudadano mexicano y no ser militante en ningún partido político.
García dijo que en los países donde se realizan este tipo de consultas, es donde hay mayor desarrollo de los ciudadanos.
Por lo que reiteró la invitación a participar de forma libre el 1 de agosto.
"Tenemos frente a nosotros la oportunidad de pasar a ser ciudadanos con derechos a ejercer esos derechos", comentó el activista.
Aseguró que es falso que las consultas ciudadanas sean innecesarias y que no sean un instrumento democrático.
Advirtió que a los actores políticos e instituciones conviene que no se realicen este tipo de ejercicios, por la relevancia e impacto que llegan a tener.
Dicha consulta para buscar la aprobación ciudadana de juzgar a ex mandatarios federales, sería el primero en su tipo en el país.
Aunque García adelantó que podría ser la primera consulta de otras que se podrían realizar en México.
ÚNICA EN SU TIPO
El pasado 17 de junio se publicó la ley para realizar la consulta pública para juzgar a ex presidentes.
En el documento se manifiesta que se pretende recabar si los electores desean indagar a sus predecesores Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006, Felipe Calderón (2006-2012 y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la presunta comisión de delitos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta.
Por lo que se votó para que ésta fuera la siguiente: ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?.
Para la consulta en un principio se planteó un costo de mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, el costo generó diversas críticas y se tuvo ajustar a 890 millones de pesos, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque el INE ha denunciado que este año se le hizo un recorte de más de 700 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda.
Lorenzo Córdova, presidente del órgano electoral, informó que, debido al recorte de presupuesto y el corto plazo para realizar la Consulta, se deberá de usar a los funcionarios de casilla que organizaron las elecciones de este año.
