La apertura de table dance y bares de forma clandestina en Toluca y San Mateo Atenco, ha alertado a las autoridades de la entidad, quienes al momento se encuentran en los trabajos de identificación para posteriormente llevar a cabo la clausura de los mismos.
De acuerdo con Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado de México, la principal preocupación de la reapertura de estos lugares es la posibilidad de comisión de ilícitos, específicamente la trata de personas, el cual vulnera principalmente a mujeres y niñas de otras nacionalidades.
La titular del CCSPEM, Jacqueline García Vázquez, destacó que al momento el organismo que preside tiene identificados siete table dance asentados en Paseo Tollocan y tres más sobre Alfredo del Mazo, todos en inmediaciones de Toluca y San Mateo Atenco.
“Primero nos dimos a la tarea de confirmar si era cierto, yo personalmente hice el recorrido, fui dos veces a las 11:00 de la noche y a las 3:30 de la mañana, y están abiertos. Tienen luces de neón, hay personas con una lamparita y hasta inclusive tienen un carril que ocupan, comprobamos que era verdad”.
En ese contexto, no se descarta que en municipios del Valle de México como Naucalpan, Nezahualcóyotl y Coacalco, también haya table dance y bares abiertos clandestinamente, razón por la cual las autoridades no descartan que el padrón de identificación de estos centros rebase los diez que al momento se tienen contemplados.
García Vázquez dio a conocer que las acciones emprendidas para la clausura de este tipo de centros nocturnos participan autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad de la entidad, las direcciones de Seguridad Pública Municipal y de Desarrollo Económico de San Mateo Atenco y de Toluca, autoridades de la 22ª Zona Militar, de la Policía Federal Región Toluca, de Coprisem y la activista Rosy Orozco.
Cabe recordar que durante la gestión del ex gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, se llevó a cabo la clausura de cerca de mil 700 table dance y bares, lugares que carecían de la licencia sanitaria correspondiente y en los que se cometía el delito de trata de personas, entre otros, según cifras proporcionadas en 2016 por la activista Rosy Orozco, quien preside la asociación Unidos Contra la Trata A. C.